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Un proyecto de ley que fue aprobado el 1 de octubre de este año por la mayoría del MAS en la Cámara de Senadores, plantea cambios de fondo y forma en la administración de justicia constitucional en el país, en plena etapa electoral.

El documento que fue analizado en sus estaciones grande y detalle por los senadores, decide anular las Salas Constitucionales Departamentales, instancias que fueron creadas por el mismo partido en función de Gobierno al final de un proceso de casi cuatro años, y convertirlas en juzgados.

Esta determinación reducirá la jerarquía de los administradores de la justicia constitucional, ya que los coloca por debajo de los otros vocales de materia ordinaria, que son parte de las salas plenas de las tribunales departamentales de justicia.

Pero además de esta consecuencia que sale de la normativa, también cortaría el mandato de los actuales vocales constitucionales departamentales por orden del Poder Legislativo, ya que estas autoridades fueron elegidas para cumplir una gestión de cuatro años.

La nueva norma pide que se elabore el procedimiento para su selección y posición en un plazo máximo de seis meses, por lo que una mayoría de los actuales vocales constitucionales departamentales no llegarán a cumplir ni dos años del periodo para el que fue designado y unos pocos no cumplirán ni el año de gestión, ya que estas autoridades judiciales fueron posesionadas en febrero de 2019 y en enero de 2020.

La ley que deberá ser discutida por los diputados para que pase a manos de la Presidencia, se aprobó de forma ágil y sin la publicidad que otras disposiciones generan, justo después de que una Sala Constitucional de La Paz no permitió que el expresidente Evo Morales se postule a primer candidato a senador por Cochabamba y cuando otros vocales constitucionales de este mismo departamento, tienen en sus manos la decisión con respecto al pedido de evitar que el MAS participe de los comicios nacionales del 18 de octubre.

Otro detalle de la ley es que los nuevos jueces constitucionales no tienen tiempo definido de sus funciones, vale decir que la norma no les pone un plazo para sus gestiones, como ahora se establece con cuatro años a los vocales constitucionales posteriores.

Para el abogado constitucionalista Jose Luis Santiestevan, esta norma es una más que demuestra la vioación a la Constitución Política del Estado que hace el MAS y al mismo tiempo rompe la independencia de poderes.

"Con esta ley y otras que los asambleistas están aprobando, se está destruyendo la institucionalidad de los órganos del Estado, con la única finalidad de proteger sus intereses ante la posibilidad de que pasados los comicios de octubre la correlación de fuerzas políticas cambie", apuntó el jurista y dijo que se está buscando, en el fondo, crear el escenario para que los nuevos legisladores deban pactar los fallos de la justicia.