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Senado estudia acciones legales en contra de los jueces que frenaron interpelación del ministro

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 18:57

Este jueves estaba prevista una interpelación al ministro de Hidrocarburos. Cuando se solicitó la acción, Mauricio Medinaceli era el titular de la cartera. Posteriormente fue reemplazado por Marcelo Blanco

La Cámara de Senadores rechazó la resolución dispuesta por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y anuncia acciones penales contra los jueces que frenaron la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Marcelo Blanco, prevista para este jueves a las 9:00.

La tarde del miércoles, se conoció la decisión de la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz respecto a una acción de amparo y dispuso la suspensión temporal del acto de interpelación programado para el 30 de abril. La audiencia se realizará el 5 mayo, y, mientras no se lleve adelante la misma, la Justicia dispuso la medida cautelar.

Desde el Senado se había pedido la interpelación al ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli. Esta autoridad fue destituida y reemplazada por el actual titular de la cartera, Marcelo Blanco, quien interpuso la acción de amparo.

Los senadores consideran que esta medida afecta la relación entre órganos del poder público y limita la labor de fiscalización del Legislativo.

En su resolución, la Cámara Alta argumenta que el fallo vulnera principios constitucionales, como la separación de poderes y la soberanía popular delegada en la Asamblea Legislativa.

Asimismo, el documento establece la presentación de una denuncia penal ante el Ministerio Público contra los jueces que firmaron la resolución, a quienes se atribuyen presuntos delitos vinculados a resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y prevaricato.

El Senado también exhorta al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) a restablecer el orden constitucional mediante la anulación de los efectos del fallo cuestionado, con el objetivo de garantizar las atribuciones del órgano Legislativo.

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