Senado sanciona un proyecto de ley que, según la oposición, “pulverizará la autonomía”
La norma se aprobó pasadas las 2:00 de la madrugada de este martes 2 de noviembre. Según el MAS, con esta ley el Gobierno podrá construir más escuelas, hospitales y carreteras.
El pleno del Senado aprobó y sancionó, la madrugada de este martes 2 de noviembre, la ley que viabiliza el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025 “Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones”. La oposición protestó y consideró que esta norma, pulveriza las autonomías en todos sus niveles.
El MAS, a través de sus legisladores, reivindicó que la norma garantiza la seguridad jurídica. “Se requiere una planificación a futuro desde los distintos niveles, el nacional, el regional, el gubernamental y el universitario. Esto generará que las acciones se realicen. Lo que busca la oposición es frenar y generar inacción. Desde el Gobierno central se generará la construcción de escuelas, hospitales, carreteras, pero respetando las autonomías, decir que se pulveriza la autonomía es absolutamente falso”, sostuvo el legislador Juanito Angulo.
Sin embargo, el artículo 4, numeral I, del proyecto de ley establece una obligatoriedad de las entidades territoriales autónomas “a ceñirse a este plan centralizado”, observó la senadora opositora Centa Rek.
“Es de ejecución y aplicación obligatoria para las siguientes entidades: Órgano Legislativo, Órgano Ejecutivo y sus empresas Públicas, Órgano Judicial, Órgano Electoral, Tribunal Constitucional, instituciones de control y defensa de la sociedad y del Estado, Universidades Públicas”, dice el artículo.
Al respecto, Rek comentó que “es de cumplimiento obligatorio, el plan viene desde el centro y no permite a las entidades regionales a que presenten sus proyectos, ni su propia planificación. Se acabó la autonomía universitaria, la municipal, la departamental”.
El numeral II de este proyecto de ley indica que “los planes sectoriales, territoriales de gestión territorial comunitaria, multisectoriales, estratégicos-ministeriales, estratégicos-institucionales, de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y otros deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico Social”.
Los opositores, en sus intervenciones hicieron notar que nada queda a decisión propia de las entidades autónomas, “tienen que ir a consultarlo todo, no se consideran lo planes municipales y departamentales, volvemos al centralismo total y absoluto, como son los gobiernos de corte comunista”, dijo Rek.
El senador por Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira, señaló: “Meterán mano en el bolsillo de las gobernaciones y alcaldías. Como se trata de hacer con las otras leyes que quieren meter mano en el bolsillo de la gente. Impone la visión del Gobierno a las administraciones regionales, sin haber consensuado con ningún departamento ni municipio una sola línea de la propuesta normativa. No se socializó la norma con los sectores sociales, gremiales, constructores, ni trasportistas”, complementó.
El artículo 6 determina que los ajustes al plan se harán en función al artículo 32 de la ley del Sistema de Planificación Integral del Estado, aprobado en 2016, y que prevé que “las modificaciones parciales, complementarias o de forma, al PGDES (Plan General de Desarrollo Económico y Social) y PDES (Plan de Desarrollo Económico y Social), se aprobarán mediante decreto supremo”.
El jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, cuestionó ese artículo y aseguró que se abre paso “al decretazo para pulverizar la independencia de los órganos del Estado y la autonomía universitaria y regional”.
“Este es un caso único, se están haciendo leyes para que la Asamblea Legislativa no legisle, es decir, la están cerrando. Ahora el Ejecutivo puede cambiar las leyes a su antojo”, subrayó Centa Rek durante su intervención.
Críticas desde las regiones
Desde las regiones ya surgen críticas. El concejal de UCS, Maikol Negrete, fue el vocero de la posición que tiene el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández. Señaló que la norma viola la autonomía municipal, lamentó que en la elaboración no hubieran participado las entidades territoriales autónomas, conforme a la que expone el artículo 316 de la CPE.
La obligatoriedad que establece el proyecto de ley sobre los gobiernos subnacionales viola los artículos 270, 272, 302, 321 y 340 de la CPE porque controla sus presupuestos de inversión, ingresos y gastos, de acuerdo al tercer argumento de la UCS.
Complementó que el presupuesto de los gobiernos subnacionales, en este caso de la Alcaldía cruceña, fue aprobado en base a su autonomía.
Según Negrete, el proyecto de ley pretende modificar estos actos y controlar los gastos de inversión. Finalmente, dijo que se encuentra fuera de la realidad de las regiones, menciona el modelo económico basado en la agenda 2020-2025, que excluye a los gobiernos subnacionales y a la universidad, y que hasta ahora ha sido aplicable a estos actores, que no son parte del centralismo.
