La Ley de Estados de Excepción que fue promulgada por Eva Copa en 2020 fue abrogada por la Cámara de Senadores durante una sesión de homenaje a Chuquisaca. De manera sorpresiva, se incluyó el proyecto en la orden del día y se tramitó por dispensación de trámite. El proyecto de ley de abrogación aprobado pasó a Diputados para su revisión.
Aunque algunos senadores pedían la modificación de la norma promulgada, otros legisladores pidieron abrogar todo el texto. Esta ley regula la participación de los militares en un estado de sitio y también condiciona al Ejecutivo antes de una declaratoria de un estado de sitio en el país.
“Queda aprobado el presente proyecto de ley y debe ser remitido a la Cámara de Diputados para fines constitucionales de revisión”, dijo el presidente del Senado, Diego Ávila luego de un corto debate del proyecto de ley que tiene un solo artículo.
La Ley de Estados de Excepción (Ley 1341) fue sancionada en julio de 2020 por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, ante la negativa de Jeanine Áñez como presidenta del Estado. De hecho, Áñez ordenó que la ley no sea publicada en la Gaceta para que no entre en vigencia. Recién el 29 de octubre de ese año, luego del triunfo del MAS en las urnas se publicó en la gaceta.
La mencionada ley consta de 25 artículos respaldados por la propia Constitución Política del Estado (CPE). El parágrafo III del artículo 139 señala que “los estados de excepción serán regulados por la ley” y eso hacía la ley 1341.
Para los senadores es suficiente el texto constitucional para aplicar esta medida. La Carta Magna se refiere a los estados de excepción en los artículos 137, 138 y 139. Aunque algunos senadores pedían la modificación de la norma promulgada, otros legisladores pidieron abrogar todo el texto.
La Ley de Estados de Excepción regula precisamente todos los actos que contempla el estado de sitio que puede declarar un gobierno y establece condiciones, por ejemplo, el presidente debe informar semanalmente sobre el estado de sitio. Además, la Asamblea debe conocer en el término de 24 horas la declaratoria de restricciones y, si la Asamblea rechaza el estado de excepción, éste queda sin efecto de inmediato.
Asimismo, establece responsabilidades en los funcionaros y efectivos cuando impartan órdenes, los mismos que pueden ser procesados. “Cualquier servidor público, civil, militar o policial que actúe violando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado, pretendiendo ampararse en el estado de excepción, será procesado y sancionado administrativa, civil y penalmente”, señala el parágrafo III del artículo 13 de la ley abrogada por el Senado.
La CPE no señala el tiempo de duración de un estado de excepción y deja en manos de la ley regulatoria ese plazo. La ley que está siendo abrogada establece que solo puede ser de 60 días y no se podrá dictar otra medida similar en un solo año.