Ante el repudio de la presidenta de transición Jeanine Áñez a la iniciativa, el legislador del Movimiento al Socialismo, Omar Aguilar, aseguró que no hay la intención de dar impunidad ni inmunidad y que huno una mala interpretación

24 de noviembre de 2019, 18:10 PM
24 de noviembre de 2019, 18:10 PM

"Esta Cámara de Senadores -y también será la posición de la Cámara de Diputados- no aprobará ninguna ley, no va a iniciar tratamiento de ley en tanto y cuanto no exista un documento de acuerdo definitivo con el 100% de las demandas (atendidas), firmado por todos los sectores movilizados con los ministros de Estado", dijo en contacto con los periodistas el senador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Omar Aguilar.

El legislador aseguró que la Cámara de Senadores suspendió este domingo el análisis del proyecto de Ley para la Pacificación del País y para Reafirmar el Ejercicio de los Derechos y Garantías del Pueblo Boliviano, hasta que exista un acuerdo definitivo entre el Gobierno y las organizaciones sociales.

Una vez aprobado -el sábado- el proyecto de Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, en la Cámara de Senadores, la bancada del MAS introdujo un proyecto que buscaba evitar el juzgamiento del expresidente Evo Morales, del exvicepresidente Álvaro García Linera y otras exautoridades.

Esa norma inmediatamente generó el repudio, primero de la presidenta de transición Jeanine Áñez, quien de manera contundente dijo "no voy a promulgar esa ley, no podemos otorgar protección a quienes han sometido, perseguido, engañado y burlado a los bolivianos".

Similar reacción ocasionó en otros actores políticos, activistas y jóvenes que se movilizaron en las calles en busca de recuperar la democracia. Sin embargo, según Aguilar, hubo una "malinterpretación y mala información" porque el espíritu de ese proyecto no es otro que dar garantías a los dirigentes, y no así generar "impunidad".

 Recordó que la noche del sábado, en el diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sociales, se explicó el alcance de ese proyecto y para evitar conflicto se pidió el apoyo y asesoramiento de la Iglesia Católica y organismos internacionales para que se redacte un nuevo proyecto que ahora se denomina ley para la pacificación del país.

 "No hubo en ningún momento la intencionalidad de proteger absolutamente a nadie, ni de de aprobar una ley de impunidad o inmunidad y eso es importante aclarar a la población", agregó.

Aguilar aseguró que en consenso entre las tres fuerzas de la Asamblea Legislativa (MAS, UD y PDC) se ha determinado dejar de lado el tratamiento de ese proyecto hasta que entre todos los sectores involucrados exista conformidad.

 "No queremos crear mayor susceptibilidad preferimos esperar este acuerdo final y ese acuerdo firmado va a ser plasmado en una ley de Estado y que obviamente va a ser de cumplimiento de todos", complementó.

La nueva propuesta, supuestamente tiene como objeto garantizar los derechos y garantías de líderes sociales, autoridades electas, dirigentes sindicales, personas movilizadas, actores políticos, ciudadanos en general, entre otros, y prohibir las acciones de hecho como aprehensiones arbitrarias y cualquier medida que coaccione el libre ejercicio de derechos y libertades.