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A través de un comunicado firmado de forma conjunta, los alcaldes salientes dieron a conocer a la ciudadanía y a las autoridades electas la compleja situación financiera por la que pasan todos los gobiernos autónomos municipales del país.

Según el documento, a partir de 2015-2016, por efecto de la bajada de los precios internacionales del petróleo y otras políticas públicas aplicadas desde el Gobierno central, se inició una sostenida afectación a las economías locales.

Ante la situación, las entidades territoriales autónomas (gobernaciones y municipios), pusieron la esperanza en el pacto fiscal, como mandato de la Ley 031 o Marco de Autonomías. Con esos recursos pensaban subsanar los "desequilibrios horizontales y verticales", que impedían cumplir con las nuevas competencias, establecidas en la CPE y en la demanda ciudadana.

Los firmantes, siete ciudades capitales (La Paz, El Alto, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Cochabamba, Tarija y Sucre), reclamaron grandes recortes de recursos, para cubrir funciones que no correspondían, "siendo que el Gobierno central, de manera unilateral, obligó a cubrir sus obligaciones, cercenando paulatinamente los recursos financieros de las unidades territoriales autónomas".

Entre las medidas dispuestas por el nivel central, y que afectaron a las economías municipales, los firmantes mencionan como media docena. Entre ellas el Fondo de la Renta Universal de Vejez (DS 29400/2007), financiado con 30% de recursos de IDH, Fondo Indígena y TGN, desde 2008.

Otra medida fue la creación del Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriota (DS 859/2011), financiado con 0,2% de IDH de gobernaciones, municipios y universidades.

En tercer lugar, el comunicado menciona la Ley Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana (0264/2012), que dispone el uso del 10% de IDH para infraestructura y equipamiento de la Policía Boliviana.

La cuarta medida del nivel central, citada por las alcaldías firmantes, es el pago del bono mensual para personas con discapacidad (DS 3437/2017), con cargo al POA de los municipios.

En quinto lugar, la carta cita la Ley 767/2015, para promover inversiones en exploración y explotación de hidrocarburos, que confisca recursos a los nueve gobiernos departamentales y 338 municipales, además de universidades.

El pronunciamiento también menciona el Seguro Universal Materno Infantil (Sumi-Ley 2426/2002), "direccionando el uso de los recursos provenientes del 10% de la coparticipación tributaria", y que con la Ley 475/2013 amplía la cobertura de atención.

Pacto fiscal

El documento de tres páginas continúa, detallando que después de casi tres años de diálogo, no logró resultados positivos sobre el pacto fiscal.

"La gestión 2020 presentó una reducción de los recursos municipales de aproximadamente Bs 2.000 millones en coparticipación tributaria; mil millones menor en IDH; mil millones en recursos propios, además de reducción en la inversión pública, tanto en programas como en proyectos, lo que alcanza un déficit aproximado de Bs 6.000 millones (...). En 2021 los presupuestos son casi la mitad de 2014".

La pandemia

Al notorio recorte se sumó la llegada del Covid-19, que acentuó el reto con la "deuda histórica" del Gobierno central con respecto a contratos de personal de salud, que son competencia de la instancia nacional".

"Santa Cruz de la Sierra destina Bs 30 millones para sueldos de personal de salud, y La Paz Bs 80 millones, solo para el segundo nivel".

El pronunciamiento cierra haciendo una serie de recomendaciones y peticiones, como la creación de un fondo de atención del déficit de transferencias; dejar sin efecto, de manera transitoria, el límite de gasto de funcionamiento; la revisión del sistema tributario de las entidades territoriales autónomas; la revisión de los aportes de los municipios de su IDH para Renta Dignidad, Fondo Cívico, seguridad ciudadana, bono a personas con discapacidad; pago de sueldos a personal de salud desde el nivel central y una fórmula idónea para el pacto fiscal.



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