“Sigan en nuestra lucha con más fuerza”: el mensaje de Pumari tras su encierro en la cárcel de Uncía
El juez consideró que existe peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones, pese a que la defensa de Pumari, encabezada por el abogado Rafael Montoya, indicara que no existía tal riesgo.
Después de que el juez determinará su reclusión preventiva en la cárcel de San Miguel de Uncía, Marco Antonio Pumari escribió una carta y se la entregó a sus abogados para que se hiciera viral. En la misiva, el exlíder cívico de Potosí, volvió a pedir que “no agachen la cabeza” y que “sigan en la lucha (por la democracia) con más fuerza”.
“Hoy quiero mandar un mensaje de fortaleza y esperanza, y les pido desde el fondo de mi corazón que, jamás agachen la cabeza y sigan en nuestra lucha con más fuerza, porque el destino de nuestro país está en la firmeza de nuestra gente ante esta dictadura”, dice en su carta.
Además, en la hoja escrita con su puño y letra, agradece a todas las personas que lo colaboraron enviándoles mensajes, y en especial destaca el apoyo incondicional de su familia, de quienes dice que está sufriendo la “injusticia que le toco vivir”.
“Hoy con la mano en el corazón dejo al cuidado del pueblo lo más sagrado que tengo en esta vida que es mi familia; mis amores, mientras dure esta prueba que me da la vida”, agrega el exlíder cívico.
Enviado a la cárcel
Tras siete horas de audiencia, realizada el sabado, el juez de Instrucción Primero de Llallagua, Raúl Arnold Barriga Villegas, determinó que Marco Antonio Pumari Arriaga cumpla seis meses de detención preventiva en el penal San Miguel de Uncía.
El juez consideró que existe peligro de fuga y de obstaculización de las investigaciones, pese a que la defensa de Pumari, encabezada por el abogado Rafael Montoya, indicara que no existía tal riesgo. Además, no dio curso al pedido hecho por el Ministerio Público, que solicitaba que el imputado sea recluido en el penal de San Pedro, de la ciudad de La Paz.
El exlíder cívico de Potosí no fue imputado por la quema del edificio del Tribunal Departamental Electoral (TED) de Potosí, en 2019, tras las fallidas elecciones de ese año. El Ministerio Público lo acusó de la supuesta comisión del delito de "obstaculización de procesos electorales", establecido como tal en el inciso h) del artículo 283 de la Ley 026 del Régimen Electoral.
