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El socio y accionista de la red televisiva ATB, Jaime Iturri, dijo que está analizando iniciar acciones legales para defender su buen nombre, luego de que se diera a conocer un informe de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) que indica que el mencionado canal y los diarios La Razón y Extra fueron comprados con recursos de un crédito venezolano al Gobierno boliviano.

El martes, se filtró un informe de la UIF, en el que indica que los medios de comunicación ATB y La Razón-Extra fueron adquiridos con recursos provenientes de un préstamo venezolano, pero las acciones terminaron en manos de privados. Asimismo, señala que más de $us 16,1 millones fueron a las cuentas de Marcelo Hurtado, otro de los socios de la red televisiva.

El periodista de ATB es investigado en Bolivia por los supuestos delitos de extorsión, estafa, legitimación de ganancias ilícitas y organización criminal. En diciembre de 2019, el gerente de ATB, Luis Nemtala, dijo que Iturri había viajado a Argentina porque tuvo una recaída de su enfermedad y desconocía si regresaría al país.

En una entrevista concedida en enero de 2020 al portal Rimaypampa, Iturri confirmó que se encontraba en Argentina recibiendo atenciones médicas y negó las acusaciones que existen en su contra en el país. 

Entre las denuncias contra el ejecutivo, está haber sido una de las personas que extorsionó al entonces propietario de PAT, Abdallah Daher, para que transfiera sus acciones -que valían más de $us 7 millones- a personas allegadas al Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), a cambio de no implicar a su hijo en el caso terrorismo, denuncia hecha por la periodista Amalia Pando, ex socia de PAT.

Pando sostuvo-diciembre de 2019- que existen testigos sobre dos reuniones entre el entonces vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera (MAS), el periodista Jaime Iturri y el ex ministro de Comunicación, Iván Canelas con Daher.

Esta semana, la compra de los medios de comunicación volvió a la luz pública tras el informe de la entidad dependiente del Ministerio de Economía. Sin embargo, Iturri indicó que el informe de la UIF no fue presentado legalmente por nadie. "No sé si es el informe de la UIF porque debe pasar por Fiscalía, pero en ese mismo documento dice con absoluta claridad que no existe documento alguno que pruebe que el Estado boliviano hubiese entregado dinero a cualquiera de las empresas que intervino en la compra de ATB", sostuvo el ejecutivo.

Asimismo, insistió en aclarar que en esa transacción, mencionada en el documento, no interviene para nada, debido a que en aquel entonces (2008-2009) era delegado municipal para la celebración del Bicentenario en La Paz, y no trabajaba en ATB. "Luego, en 2015, con un grupo de bolivianos compramos las acciones de la empresa Akaishi, una compañía basada en Barcelona, y a partir de ahí somos los propietarios", explicó.

Pone en duda la deuda venezolana

Iturri menciona que cuando hay una deuda se presentan documentos para que el crédito sea honrado, es decir, debería haber un documento de préstamo. En segundo lugar, en el caso de Bolivia para que haya un préstamo internacional, éste debe ser aprobado por el Congreso boliviano, y tampoco hay eso. "Entonces, no hay un solo papel que pruebe que ese dinero lo entregó el Estado venezolano al Estado boliviano para que se realizaran acciones y en este caso, la compra de medios de comunicación", cuestionó.

Entonces, insiste en que el informe de la UIF carece de sustento documental y fue elaborado para que sea visto por la Fiscalía. Entonces, considera que la cercanía de las elecciones presidenciales hizo que el Gobierno se apresure y lo saque antes de que se vea, siquiera, su validez legal.

"Lo concreto -en su criterio- es que debe haber documentos que prueben que se trató de un préstamo de Venezuela a Bolivia, y en función de eso que se dio dinero para la compra de ATB, pero como no hay nada de eso, entonces, se reservan de llevar adelante acciones legales porque cree que se los está calumniando y de alguna manera intentando mellar su dignidad y la dignidad de un medio de comunicación.

Iturri agrega que cuando la UIF saque un documento, tiene que hacerlo probando que lo que dice es verdad, pero señala que en el propio informe se dice que no existe ningún papel que relacione a estas empresas con esa deuda, y que no hay papeles sobre el proceso de antes del 2011. "Entonces, si no hay documentos, cómo se va acusar a los ejecutivos de ATB, en este caso, Marcelo Hurtado", afirmó.

El mayor accionista de ATB enfatiza que la filtración del informe es un movimiento político, destinado a las elecciones del 18 de octubre.