Suben los avasallamientos y el Gobierno dice que algunos grupos invasores no producen la tierra

Los avasallamientos subieron de 208 a 237 en el país; solo en Santa Cruz suman 104. El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzáles, aseguró que el Gobierno encara una lucha frontal contra los avasalladores, quienes en algunos casos no se dedican a la producción de la tierras. Sin embargo, tampoco precisó a qué actividad o ilícito se estarían enfocando estas personas que ya fueron encontradas en posesión de armas de fuego y otros elementos.

“Nosotros nos estamos apegando a la ley para que ninguno de estos predios liberados vuelva a ser avasallado por gente que no tiene nada que ver, incluso, con lo que significa la producción de las tierras”, advirtió la autoridad de Estado.

La anterior semana, el exministro de Gobierno Carlos Romero vinculó la toma ilegal de tierras con el narcotráfico, tráfico de madera y de minerales. Incluso dijo que Bolivia va rumbo a la “colombianización” por la supuesta presencia de cárteles dedicados al tráfico de droga.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, no respondió a las declaraciones de Romero y solo descartó la presencia de cárteles en el país. Sobre los avasallamientos, afirmó que recibió instrucciones del presidente Luis Arce para derrotar a los “clanes u organizaciones” dedicadas al tráfico de tierras.

“Hemos recibido una instrucción precisa y clara de nuestro presidente. Nos ha pedido luchar de manera frontal en contra de aquellos clanes u organizaciones dedicadas al tráfico de tierras o avasallamiento dentro del territorio nacional. Hemos realizado cinco operativos exitosos en contra de estos grupos organizados que están teniendo de manera irregular predios que no les pertenecen”, manifestó.

Del Castillo es una de las autoridades que constantemente es criticada por el MAS y exautoridades que lo acusan de proteger el narcotráfico. Ayer dedicó su tiempo a destacar la labor antidroga durante su gestión y aseguró que se mejoró en el 5% ese trabajo, con relación al año pasado. Además, comparó su mandato con otras gestiones, incluidas a las pasadas cuando Evo Morales era jefe de Estado.

“Si hacemos un balance de la gestión 2022 en la lucha contra el narcotráfico, hemos logrado superar en más de un 5% la de 2021. Si la comparamos con la gestión de Arturo Murillo en incautación de pasta base y clorhidrato de cocaína, hemos superado en más del 23%. Si la comparamos con la gestión 2017, 2018 y 2019, la hemos superado entre un 12% y un 23%. Esta es la mejor (gestión) en materia de narcotráfico”, recalcó.

Toma de tierras en cifras

El conflicto por tierras regresó al debate por la toma ilegal del predio de la familia Kim y los reclamos de inacción del Gobierno y la Policía en la ocupación de predios productivos en Guarayos. Según el último informe del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), hay 237 avasallamientos en el país, que están divididos en Santa Cruz, con 104 tomas ilegales de tierras; Beni 58; Pando 31; Cochabamba 17; La Paz 3; Oruro 5; Chuquisaca 7; Potosí 4 y Tarija 8.

Los números difieren del registro del Ministerio de Desarrollo Rural Tierras que contabilizó 223 tomas de predios. Incluso, Del Castillo dijo que hay 230 denuncias. Las tres autoridades dieron sus estadísticas ayer lo que devela una posible falta de coordinación de las tres dependencias.

El caso más preocupante es Santa Cruz donde hay 104 denuncias. Solo 17 serían competencia del Gobierno central, de las cuales cinco ya fueron recuperadas. Las tierras liberadas corresponden a los predios de la Familia Kim, tierras de la Comunidad Uruguaito, La Frontera, Río Grande y Tajibo.

En los cinco operativos se movilizaron cerca de 900 efectivos policiales y resultados 16 personas detenidas en cárceles y dos fueron beneficiadas con detención domiciliaria.

Los operativos, después de Santa Cruz, continuarán en Cochabamba, La Paz, Beni y Pando, donde también existen denuncias. Los avasalladores pueden ser sentenciados de tres a ocho años. A estas personas el Gobierno no puede dotarle tierras en 10 años.

Dos nuevos escollos

El INRA aclaró que cuando las tierras cuentan con título pasan a la jurisdicción de los jueces agroambientales. Sin embargo, el propio ministro Gonzales admitió que existe “chicanería” en estos casos.

Eulogio Núñez, director del INRA, aclaró que la institución a su cargo tiene competencia para intervenir en los avasallamientos de predios en proceso de saneamiento y tierras fiscales disponibles.

“En esos dos casos el INRA sí es competente y suman 237. El INRA no es competente cuando las tierras son tituladas. El propietario debe presentar el título y registros de Derechos Reales y llegar ante el juez agroambiental”, explicó.

Agregó que en el caso de tierras tituladas habrá que consultar a los jueces agroambientales cuántas denuncias hay sobre este delito y cuántas se resolvieron.

“Los otros desalojos están en camino, en proceso de cumplir toda la normativa respectiva, papeleos trámites ante las instancias que corresponde porque otras veces hemos hecho desalojos y lamentablemente en los tribunales correspondientes la chicanería es contundente y en este caso no nos van a sorprender y ahora estos predios tienen documentación respectiva”, dijo el ministro de Desarrollo Rural.

La otra traba para resolver este conflicto también tiene que ver con las competencias, esta vez, del nivel central y la Gobernación. Núñez afirmó que la convocatoria de la Comisión Agraria hecha por el gobernador Luis Fernando Camacho, por mandato del cabildo en Guarayos, es “ilegal”, aunque no presentó otra alternativa de resolución de las protestas contra los avasallamientos.

Según el funcionario, la competencia de titulación, administración y catastro rural quedó como una competencia privativa del INRA por mandato constitucional de 2021 que perdió Camacho y, “por ningún motivo, se puede delegar esta labor a los gobiernos subnacionales”.

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