Subgobernadora paceña destituida:"El río que nos provee el agua ya está cuadriculado por la minería ilegal"

Teme por su vida, incluso luego de ser destituida de su cargo como subgobernadora de Franz Tamayo, provincia afectada de forma notoria por la incursión de la minería ilegal y la pasividad generalizada -o quizás complicidad- de las autoridades.

Genoveva Espinoza dice que al menos cuando ocupaba ese puesto estaba protegida por la Policía y el Ejército. Pero ahora, hasta el abogado lo paga con sus propios recursos económicos, luego de que destruyeran la oficina que ocupaba. "Cometieron delitos, avasallamiento y destrucción de bienes del Estado, que quedaron en acta de un ampliado", apuntó.

Según ella, su destitución fue fruto de las presiones de los actores involucrados en la extracción ilegal de oro en esa zona, donde recibió agresiones de algunos dirigentes.

"Siento que peligro porque estas personas siguen sueltas, haciendo lo que quieren, al punto de que consiguieron destituirme", dijo, apuntando directamente a Einar Chávez, de la Federación de Campesinos de la zona, y a Orlando Calizaya, figura principal de la Gobernación de La Paz que pidió su cabeza por las presiones.​

No se atreve a decir que la Gobernación está encubriendo esta actividad, "no tengo pruebas de eso", reconoce. Pero sí ha reunido algunas evidencias contra funcionarios municipales de Apolo.

"No puedo decir que hay encubrimiento, pero sí que les torcieron en brazo con presiones (...), pero algo oscuro tiene que haber", indicó.

La ex autoridad lamenta que desde 2019, con más fuerza en 2020, la minería hubiera entrado sin piedad a la provincia paceña y sin dejar beneficios a los habitantes, solo daño.

"La minería ilegal no solo está engañando a los comunarios porque les está dejando migajas, frente a lo que están sacando con el oro. No cumple con una función social, ni siquiera se declara el oro que extrae, no hay las regalías departamentales, que es lo que más debería importar al gobernador y a toda su jurisdicción", denunció.

Una de las cosas que más incomoda a Espinoza es que 70 comunidades de Apolo viven en la extrema pobreza, y calculó que a los mucho 15 de ellas están involucradas en la extracción de oro. "Lo que hacen los actores mineros es comprar a las diferentes centrales, que arman ampliados en cinco días, aunque la norma mande 90 días para su socialización", aseveró.

Lamenta que la gente no entienda que los efectos de la minería ilegal se verán después. "El municipio de Apolo, con más de 26 mil habitantes, se verá totalmente destruido porque la toma de agua que provee a todo el pueblo, en todas las casas, el río Bilipiza, ya está cuadriculado", denunció.

También le preocupa que los mineros ya hubieran entrado en el área protegida nacional Madidi, y adelantó que es muy obvio que irán recorriendo y que causarán todavía más perjuicios.

A pesar del panorama sombrío, y de las agresiones, Espinoza dijo que seguirá luchando contra la minería ilegal, para evitar que Apolo sea un escenario de destrucción. Asimismo, sigue esperando que haya presencia del Estado.

Sobre las alusiones, Einar Chávez respondió que son falsas las declaraciones de Espinoza que denuncia agresiones. Aclaró que ellos, como Federación de Campesinos de la Provincia Franz Tamayo, y apoyados por la resolución de un ampliado, desconocieron a Espinoza, "y eso es lo que hicimos respetar como dirigentes porque fue un mandato de las bases", dijo. 

Chávez dijo que la decisión fue tomada por las 148 comunidades de Franz Tamayo, entre Apolo y Pelechuco. Apuntó a que la responsabilidad es de la ex subgobernadora, que los desafió cuando se encontraban en comitiva en La Paz, reunidos con Orlando Calisaya. 

"Estaba nuestra comitiva en una audiencia en La Paz con el hermano Orlando Calisaya, secretario general y segundo después del gobernador. En plena reunión se hizo un acuerdo de que se iba a analizar a la señora, bajo la norma de los tres meses. Pero ella desafió, indicando que renunciaría si se convocaba a un ampliado en Apolo, con todas las organizaciones sociales, y que si se pedía que se marchara, ella lo haría", resaltó.

Chávez indicó que se convocó al ampliado en la sede de campesinos, pero esta quedó pequeña, y se tuvo que mudar al Coliseo Municipal de Apolo, y que la decisión fue que ella se marchara.

En cuanto a las denuncias de destrucción de la Subgobernación, el dirigente dijo que "es mentira". Aclaró que, como Espinoza no se presentó al ampliado con el que desafió, a pesar de que le dieron garantías, la gente marchó molesta por su inasistencia hasta las oficinas. "El mandato del ampliado fue el que determinó el cierre de las oficinas, pero nosotros no hemos ingresado, para eso hay otras instancias", finalizó.  

Por su parte, el secretario general de la Gobernación paceña, Orlando Calisaya, quedó en confirmar su declaración. 

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