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Suman voces de rechazo a la Ley de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional de Autoridades del Nivel Central del Estado y Entidades Territoriales Autónomas que fue aprobada por el Senado y Diputados y está en fase de revisión. El Gobierno adelantó que alista una demanda para que dicha norma sea declara inconstitucional.

La canciller Karen Longaric fue la primera en referirse al tema al calificar la norma como un "absurdo jurídico e inconstitucional" y apuntar que estas acciones son arbitrariedades que lo único que hacen es quitarle la seriedad al Estado, que se supone debería tener sus instituciones sólidamente establecidas.

Esta perspectiva fue reforzada por el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, quien también dijo que se presentará una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) contra la ley porque "vulnera procesos y la presunción de inocencia".

El diputado de Unidad Demócrata (UD) Gonzalo Barrientos manifestó que esta norma es contradictoria porque pretende sancionar a las autoridades del actual Gobierno y no así a los exministros y exautoridades del Gobierno de Evo Morales, que son investigados por diferente hechos ilícitos.

Actualmente, exautoridades del Gobierno de Morales, específicamente del Movimiento Al Socialismo (MAS), buscan la aprobación de salvoconductos para salir del país, pues hasta la fecha siguen asiladas en la residencia de la Embajada de México en la ciudad de La Paz.

Del mismo modo, la legisladora Lourdes Millares aseveró que la ley atenta contra la libre locomoción y vulnera tratados internacionales suscritos por el Estado boliviano. "Nosotros vemos que es el MAS el que ha decidido aprobar una ley con fines esencialmente político partidarios, vulnerando derechos y garantías constitucionales", subrayó.

Sin embargo, desde el lado opositor (el MAS), indican que la norma busca fomentar la transparencia en la administración pública y nuevamente fue enviada al Senado para considerar algunos ajustes. Buscan que el proyecto de ley, que está en fase de revisión, pase a la Dirección de Migración para que controle su cumplimiento.

Según ABI, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, señaló que, pese a que existen normas como la Ley 1178 y la 004 de Lucha contra la Corrupción que sanciona los malos manejos económicos, algunas autoridades las burlan y no rinden cuentas de los recursos que administraron.

El objetivo de la ley es que las autoridades de los tres niveles del Estado permanezcan en Bolivia por lapso de tres meses luego de concluir su mandato o ser destituidos  de sus cargos y exige que dichas exautoridades presenten informes que requieran las autoridades entrantes, en el marco de la transparencia y precautelando los intereses del Estado.