Periodistas: Freddy Lacio y Carlos Quisbert.
La creciente escalada de violencia y convulsión social en Bolivia, especialmente en La Paz, volvió a dejar ayer una jornada crítica, marcada por enfrentamientos, bloqueos y la denuncia de una tercera muerte, presuntamente vinculada a la falta de atención médica causada por las protestas de sectores afines al “evismo”, que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. En paralelo, comenzaron a multiplicarse las voces de instancias políticas y sociales que demandan al Gobierno aplicar medidas de fuerza para restablecer el orden.
El expresidente Jorge Tuto Quiroga sostuvo que el Ejecutivo debe “aplicar la ley” contra sectores “insurrectos”, utilizar “todas las facultades” constitucionales y actuar con una “mano firme”.
La denominada Central de Trabajadores de Bolivia, encabezada por el dirigente gremial alteño Toño Siñani, marchó por La Paz para rechazar los bloqueos impulsados por la COB. Siñani pidió decretar estado de excepción tras reportar fallecidos por falta de atención médica.
El dirigente del transporte pesado Domingo Ramos alertó que miles de choferes permanecen varados en carreteras sin alimentos ni asistencia médica. Además, exhortó al mandatario a declarar estado de excepción ante la llegada de grupos mineros que, según denunció, buscan “desestabilizar al país”.
Las Iglesias Evangélicas Unidas presentaron una Acción Popular para exigir el levantamiento de bloqueos. El abogado Ramiro Carrillo afirmó que la Constitución faculta al Presidente a declarar estado de excepción para restablecer el orden.
Desde la Asamblea Legislativa, legisladores de diferentes fuerzas coincidieron en exigir acciones inmediatas. Claudia Bilbao (PDC) respaldó un estado de excepción en La Paz; el diputado Alejandro Reyes (Unidad) planteó incluso un estado de sitio y la aprehensión de líderes de la COB y campesinos.
Jornada de terror
Robos, atentados con dinamita, golpes a periodistas, insultos y amenazas hacia la ciudadanía, marcaron la marcha de cooperativistas mineros, que se realizó ayer en La Paz, con el objetivo de lograr la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Tres policías resultaron heridos por la explosión de cachorros de dinamita, destrozaron un muro del Ministerio de Educación, pero la Policía decidió dejar en libertad a siete cooperativistas arrestados durante los enfrentamientos.
Entre los hechos más graves, está que se captó a varios de los mineros lanzando cartuchos dinamitas encendidos hacia los grupos de policías. A las 15:00 se reportó que la Policía debió evacuar a los funcionarios de la Casa Grande del Pueblo, la Cancillería, el Ministerio de Obras Públicas, la Alcaldía, el Banco Central de Bolivia.
El vocero presidencial José Luis Gálvez dijo que el Gobierno evaluó todas las atribuciones que la CPE le permite y lo que se hará es usar esas prerrogativas cuando sean pertinentes.