Surge otra demanda de golpe sin Áñez, pero con Camacho, Mesa, Tuto y otros

El Comité Impulsor del Juicio por el golpe de Estado en 2019 formalizó este miércoles otra denuncia contra Carlos Mesa, Luis Fernando Camacho, Jorge Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina y exministros del Gabinete de Jeanine Áñez por los supuestos delitos de genocidio y alzamiento armado durante la crisis política y social de octubre y noviembre de 2019.

En esta demanda no fue incluida la expresidenta Jeanine Áñez, porque se acusa a los implicados por el delito de genocidio con lo que incluye los hechos de Sacaba y Senkata.

De esta forma, esta nueva denuncia toma distancia de los casos denominados Golpe I y II, en los que procesaron a la exmandataria en la vía ordinaria por su actuación como senadora, no como presidenta. De hecho, por el segundo caso ya recibió condena de 10 años de cárcel.

Rolando Cruz, representante de este comité, leyó una larga lista de otros implicados. Mencionó al exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, refugiado desde 2003 en EEUU tras los hechos de octubre junto al exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada. También incluyó a Erick Foronda, quien fue asesor de la presidenta Áñez; al excomandante de la Policía Yuri Calderón, al exjefe de la FFAA Williams Kaliman; además de Waldo Albarracín, exdefensor del pueblo y exrector de la UMSA, Marco Pumari, ex candidato vicepresidencial, el actual diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana y a Ricardo Paz, asesor allegado a Carlos Mesa.

Además, incluye a los exministros de la gestión Áñez: Karen Longaric, Jerjes Justiniano, Arturo Murillo, Fernando López, José Luis Parada, Yerko Núñez, Roxana Lizárraga, Álvaro Coímbra, Mario Samuel Ordóñez, María Elba Pinckert y Rodrigo Guzmán.

Este medio se comunicó con Carlos Sánchez Berzaín, quien se encontraba en Washington, y señaló que desconocía la denuncia y menos las causas por las que se lo vincula con un golpe que no existió.
“No puedo dar una versión. Pero en una dictadura sostenida por un narcoestado cualquier cosa puede pasar. La metodología castrochavista llevó a encarcelar opositores en Cuba, Venezuela y Nicaragua. En Bolivia les debe faltar gente, y por eso iniciaron este nuevo proceso”, manifestó.

Sánchez Berzaín señaló que “hay que tomar en cuenta que el régimen se está cayendo por sus divisiones internas. Segundo, ha convertido un crimen de fraude electoral, con renuncia posterior y huida del país en un supuesto golpe de Estado. Pueden hacer cualquier cosa”.
Denunció que todo esto es parte del terrorismo de Estado. “Quiere decir, cometer crímenes desde el Gobierno con el propósito de generar miedo en la población para que nunca más se anime a salir a las calles a exigir sus derechos”.

Por su lado, el denunciante Cruz especificó que todos están acusados por los delitos de alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, por atribuirse los derechos del pueblo, conspiración, atentados contra el presidente y otros dignatarios de Estado, instigación pública a delinquir, organización criminal y genocidio. “Esos delitos los tiene que indagar la Fiscalía.

Por responsabilidad, nos permitimos presentar suficiente prueba”.
Mencionó como un elemento “fundamental” que el 27 de junio presentaron un video de aproximadamente tres horas. “El Ministerio Público lo tiene que analizar en el marco de sus atribuciones, hacer las diligencias investigativas”, aseveró Cruz.
Complementó que “por un acto de responsabilidad, tras tipificar este tipo de delitos, confío en que el Ministerio Público emitirá la imputación correspondiente”.

Antecedentes

El 14 de junio, El MAS y el Gobierno, en un ampliado ordinario y pese a las denuncias de injerencia política en la justicia, instruyeron a dos ministros de Estado y al fiscal general, Juan Lanchipa, iniciar procesos contra al menos 10 políticos y cívicos que respaldaron a Jeanine Áñez desde su ingreso al gobierno en 2019. Algunos diputados oficialistas amenazaron con pedir informes al Ministerio Público sino convocan a los “autores intelectuales” del supuesto golpe de Estado.

“Pedimos a los ministros de Justicia (Iván Lima), de Gobierno (Eduardo del Castillo) y a la Fiscalía General del Estado procesar a los golpistas, como Luis Fernando Camacho, Fernando López, Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina, Eduardo León, Luis Larrea, Waldo Albarracín, Luis Revilla, Luis Almagro y demás colaboradores”, señalaba la octava determinación. Esa orden, al parecer, ya se puso en marcha.

A la semana siguiente, Ricardo Paz, Samuel Doria Medina y Carlos Alarcón comparecieron como testigos ante la Fiscalía por el caso denominado Golpe I.
El exministro Jerjes Justiniano no asistió a la convocatoria y pidió que la Fiscalía pague sus pasajes de traslado a la sede de Gobierno o que lo convoquen en Santa Cruz. La semana pasada fueron citados por el mismo caso el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y su padre, quien acudió a la Fiscalía cruceña, pero decidió apelar a su derecho constitucional a guardar silencio. Inmediatamente después de que eso ocurrió, la comisión de fiscales denunció que recibió amenazas y suspendió la citación del gobernador.

Los que sí declararon coincidieron en que no hubo golpe de Estado y sí un fraude electoral. Que el expresidente Evo Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre de 2019 y que se escapó a México y de ahí, a Argentina.

Todos coincidieron que en las reuniones que se realizaron del 10 al 12 de noviembre de 2019 en la Universidad Católica a la que asistieron la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y Susana Rivero, primera vicepresidenta de Diputados, ambas del MAS y en la línea de sucesión. Ellas rechazaron asumir la Presidencia tras la huida de Morales, según Doria Medina, por orden del propio Evo.

Rivero admitió, a través de su cuenta de Twitter, que sí tuvo charlas por chat con el expresidente Quiroga, pero para pedir por su seguridad y para coordinar la salida del exmandatario, lo que ocurrió el 11 de noviembre por la noche. Hasta entonces, tampoco había dimitido el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.