Surge segunda imputación contra el expresidente de YPFB por presuntas contrataciones irregulares
Soliz también es procesado por el contrato con una aseguradora. Desde la Fiscalía se solicita su detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz
El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, informó que se emitió la resolución de imputación formal en contra del expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Herland Soliz, por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, por presuntas contrataciones irregulares durante la cuarentena. En la misma resolución se solicita la detención preventiva en el penal de San Pedro.
La autoridad dijo que el imputado habría emitido una Resolución Administrativa el pasado 31 de marzo mediante la cual se presume que se realizaron contrataciones irregulares de manera directa ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19 para actividades hidrocarburíferas, administrativas de bienes y servicios.
Por su parte, el fiscal asignado al caso, Alexis Vilela, explicó que se notificó por edicto, publicado el pasado 26 de agosto para que la exautoridad se presente ante la comisión de fiscales a brindar su declaración informativa dentro del proceso de investigación en calidad de sindicado y tenía cinco días a partir de la publicación del edicto para asumir su defensa en el proceso; sin embargo, no lo hizo y de acuerdo a procedimiento ahora se emitió la imputación.
"El imputado, en su calidad de Presidente de YPFB, es quien firmó la Resolución Administrativa 78/2020, misma que no se adecua a las normas vigentes y es contradictoria al ordenamiento jurídico en relación a la forma de contrataciones que deben realizar las instituciones públicas, así también contradice el reglamento de contrataciones de Bienes y Servicios y la misma Constitución Política del Estado.
Además, existe otro proceso abierto en su contra, por la contratación directa por emergencia de una póliza de seguros a la empresa Credinform por más de Bs 49 millones, que finalmente fue anulada.
