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La audiencia a la que debía ser sometido el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, fue nuevamente suspendida, esta vez para el 8 de diciembre. Recién en esa fecha se conocerá los cargos en su contra.

En octubre su defensa renunció a un proceso preliminar y ahora solicitó un tiempo más para analizar el caso. La exautoridad permanece recluida desde mayo en el Centro de Detención Federal de Florida, en Estados Unidos (EEUU).

El ex hombre fuerte del Gobierno de Jeanine Áñez es acusado de la presunta comisión de los delitos de lavado de dinero y pago de sobornos en la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal a la empresa Bravo Tactical Solutions.  

El 9 de agosto, la justicia estadounidense determinó que Murillo puede salir en libertad bajo fianza, con el pago de 250.000 dólares, dinero que aún no erogó, y que debe demostrarse que obtuvo de forma lícita.

Sin embargo, se espera que el 13 de diciembre se lea la sentencia contra los cuatro involucrados en el proceso.  Luis Berkman, propietario de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS), aceptó los cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y soborno de funcionarios extranjeros, mientras que Philip Lichtenfeld admitió culpa de conspiración para defraudación.

Su hijo Bryan Berkman se declaró culpable del delito de conspiración para defraudar y Sergio Rodrigo Méndez aceptó los cargos por conspiración para cometer lavado de dinero, blanqueo de activos y pago de sobornos a funcionarios extranjeros.

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