Los casos de denuncias sobre falsos hechos de violencia de género en la ciudad de Tarija son recurrentes y solo en dos meses se registraron dos confesiones de las supuestas víctimas y la liberación de un hombre que estuvo preso 11 meses por una violación que nunca se cometió a un menor de edad.
De acuerdo a los reportes de la Pastoral Penitenciaria del penal de Morros Blancos de la capital chapaca, el 23 de marzo, una mujer se presentó para pedir ayuda, luego de ser echada de la audiencia de juicio contra su pareja y padre de sus dos hijos, acusado por violación.
La mujer, quien también relató su caso ante los medios de comunicación locales, explicó que hace siete meses, mientras estaba en estado de ebriedad y en un arranque de celos, se auto infringió cortes y golpes, con el fin de inculpar a su pareja por violencia familiar y violación, cargos por los que el padre de sus hijos fue enviado a la cárcel.
Aseguró que luego de reflexionar ella se retractó de la denuncia ante el abogado de oficio que le asignaron, además de los funcionarios del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) el fiscal y el juez, pero no fue escuchada.
En otro caso, también en marzo, se dio la liberación de Juan Yurquina, quien pasó 11 meses recluido en Morros Blancos, luego de ser denunciado por la violación de un niño en una escuela. El denunciado fue echado de su trabajo como portero del lugar donde supuestamente se cometió el crimen.
El abogado de Yurquina, Julio César Soto, explicó que el caso llegó a juicio, pero fueron las pruebas generadas por la misma Fiscalía las que lograron demostrar la inocencia de su cliente. Detalló que la investigación fue realizada de forma deficiente por una fiscal, la que generó el encarcelamiento.
No obstante, la fiscal fue reemplazada para la etapa de juicio y fue ante un tribunal donde se logró demostrar que la denuncia y la imputación presentaban varias contradicciones; que el niño padecía de enfermedades que le provocaron laceraciones en la región anal, pero también se demostró que la supuesta víctima no era alumno del colegio donde trabajaba Yurquina.
“Pido que se elimine la Ley 348 (de lucha contra la violencia hacia la mujer) porque fue por esa ley que no pude asumir defensa y fue usada para mantenerme preso”, reclamó el extrabajador del colegio, quien aseguró que el Estado ni la madre del alumno le pagaron un resarcimiento por los 11 meses de cárcel que padeció. Actualmente Yurquina se mantiene como activista contra este tipo de casos.
El tercer caso es el de Miriam, la joven boliviana que reside en Argentina, quien la pasada semana declaró a la prensa que su padre está preso en Morros Blancos hace tres años, sentenciado por una denuncia de violación, hecho que ella inventó en represalia contra su progenitor que la golpeo luego de enterarse que estaba embarazada.
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