Escucha esta nota aquí

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) determinó que todos aquellos candidatos que se hayan declarado como perseguidos políticos deben acreditar este estatus y solo así podrán seguir en carrera electoral.


“La inhabilitación por ausencia del requisito de domicilio permanente al menos por los dos años inmediatamente anteriores a la elección en el departamento, región o municipio al que postula, no resulta aplicable para quienes acrediten su condición de asilados refugiados o perseguidos políticos declarados por cualquier instancia nacional o internacional”, señala el documento que fue publicado en Sucre, sede del TCP.


El 3 de enero el TCP había congelado la inhabilitación de candidatos que no acrediten residencia con una medida cautelar y las autoridades del TSE esperaban una resolución del ente Constitucional para definir las demandas.


En su observación, los magistrados añaden que la medida no se puede aplicar a todos aquellos que hubieran residido en algún destino de manera voluntaria. El auto constitucional fue examinado por los magistrados Iván Espada Navia y Julia Elizabeth Cornejo, fue disidente Karen Lorena Gallardo


César Dockweiler, candidato del MAS al municipio de La Paz fue denunciado por Amilcar Barral por no cumplir el requisito de residencia en el municipio paceño. Sin embargo, el 20 de diciembre del pasado año, la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores emitió un informe en el que declaran a Dockweiler como perseguido político.


Su correligionaria, Wilma Alanoca, también estaba dentro de este grupo porque los demandantes aseguraron que estaba fuera del país al estar dentro la embajada de México, pero tenía calidad de asilada.


Otro de los candidatos que fue demandado por el mismo requisito es Manfred Reyes Villa quien presentó documentación sobre este tema.

Comentarios