TCP notifica fallo contra decretos de ascensos a militares de Áñez 10 meses después
El decreto 4306 no estaba demandado, pero los magistrados consideraron que, “no podía pasar inadvertido”
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) oficializó la nulidad de los decretos 4291 y 4306 emitidos durante el Gobierno de Jeanine Áñez y que ordenaban los ascensos de los militares en 2019. De ese modo los ascensos de Sergio Orellana Centellas, Pablo Guerra Camacho, Ciro Álvarez Guzmán y Moisés Mejía Heredia, quedaron nulos.
El fallo del TCP se conoció este jueves, pero lleva la fecha del 7 de mayo de 2021. Al parecer habría sido notificado a las partes recién diez meses después de firmado el mismo, lo que llamó la atención de los abogados de la expresidenta, Jeanine Áñez.
El recurso de nulidad del decreto 4291 fue activado por la entonces presidenta del Senado, Eva Copa, el 15 de julio de 2020, en el que denuncia una “flagrante usurpación por el Gobierno de facto (sic), que no le competía, puesto que ese decreto permitió imponer grados y hacer la entrega de bastones de mando, sables y espadas a todo el Alto Mando de Áñez, vulnerando el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado”, señala parte del documento.
Según la demanda de Copa, el ascenso se produjo con una norma “infralegal”, es decir, que el Ejecutivo no estaba habilitado para ese tipo de decisiones, lo que se constituyó en un delito.
Por lo conferido se concluye que las autoridades demandadas, “Presidenta transitoria del Estado Plurinacional de Bolivia” y el “Consejo de Ministros” que suscribieron el decreto 4291 (…) incurrieron en una potestad inexistente que no les fue asignada por la norma suprema ni las leyes”, se lee en otra parte de la resolución del TCP.
Asimismo, el TCP en su fallo señala que ocurre lo mismo con el decreto 4306, que fue firmado en agosto de 2020 y ratificaba la vigencia del primero. Los magistrados afirman en su resolución que el mismo “no puede pasar inadvertido por este Tribunal”, porque supuestamente la norma está vigente en la base de datos de la Gaceta Oficial de Bolivia, por lo que también decidieron incluirlo en su resolución final.
