TCP vuelve a paralizar preselección de candidatos a magistrados por otro recurso
Los diputados habían manifestado que había otras demandas contra este proceso
El diputado de Creemos, Leonardo Ayala Soria, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta, en contra del proceso de preselección de magistrados al Órgano Judicial, la misma fue admitida y fue aplicada la medida cautelar que solicitó. Por tanto, el proceso en la Asamblea volvió a ser paralizado.
“Ha Lugar la solicitud de medida cautelar impetrada, conforme a los argumentos expuestos en el apartado II.4 del presente Auto Constitucional y por consiguiente, se dispone la suspensión provisional de la aplicación”, señala el memorial hecho público este jueves.
La Asamblea Plurinacional había reiniciado el proceso de preselección luego que una sala constitucional de Beni también paralizara el proceso el pasado 13 de abril y obligó a los legisladores elaborar un nuevo reglamento.
De acuerdo con los fundamentos que expuso el diputado Ayala, la sala constitucional de Beni observó el reglamento en su totalidad y que los asambleístas volvieron a elaborar un nuevo reglamento cuando lo que correspondía era elaborar una ley, tal como se hizo para las elecciones judiciales de 2017, cuando se aprobó la ley 960 denominada, Ley Transitoria para el proceso de Preselección y Elección de Máximas Autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
Otro de los argumentos es que todo el proceso, desde la preselección en las comisiones mixtas, debe realizarse por dos tercios de voto porque no es una ley corriente, sino la preselección de autoridades judiciales y también expone que las designaciones que se realizan en Senadores y Diputados se realiza por dos tercios.
Respecto del pedido de medida cautelar, el memorial afirma que si no se aplica esa restricción los candidatos seguirán presentándose y el proceso que ya está observado seguiría con esas irregularidades, y por eso debe ser paralizado.
“Poner la presente acción normativa en conocimiento de David Choquehuanca Céspedes, presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, en representación del ente emisor de la normativa impugnada, a objeto de su apersonamiento, y formulación de alegatos que considere necesarios en el plazo de quince días, a partir de su legal notificación”, señala el segundo punto de la resolución que fue notificada la tarde de este jueves.
