En un informe fechado el 10 de febrero, el teniente Marvin M. R. admitió que no informó a sus superiores sobre la llegada de 32 maletas en las que presuntamente se internó dinero del narcotráfico a Bolivia desde Estados Unidos. Según su versión, decidió omitir el reporte debido a la desconfianza que tenía hacia su entorno inmediato y, en particular, hacia el jefe del Grupo Especial de Casos Especiales (GICE), en la división oriente del país.
De acuerdo con el documento al que accedió EL DEBER, el oficial señaló que la información sobre el ingreso de las maletas le fue comunicada a las 13:47 del 29 de noviembre del año pasado, a través de una llamada de WhatsApp por parte de un colega extranjero. Se trata de un enlace de la Policía Federal de Brasil, Fernando Augusto Bataus.
El informe detalla que Bataus a su vez recibió los datos de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Según esa alerta, ese mismo día arribaría a Santa Cruz un vuelo chárter con matrícula N585JC, en el que viajaban Gabriel Giuliano Leoni —ciudadano italiano y prófugo—, dos menores de edad y la exdiputada Laura Rojas.
En el documento se afirma que esta última habría utilizado su pasaporte diplomático para evitar la revisión del equipaje, inusual tanto por la cantidad de maletas como por su contenido.
La sospecha
¿Por qué la Policía Boliviana no activó ningún operativo para interceptar a los pasajeros y verificar la carga sospechosa? Esa es la principal interrogante que surge tras conocerse los detalles del caso.
En su informe, Marvin M. R. sostiene que la razón fue la falta de confianza en sus superiores. “Mi jefe regional del GICE Oriente (teniente coronel Roberto Carlos Q. S.) no era de confianza, ya que cuenta con antecedentes”, escribió, aunque no precisó los delitos.
El oficial amplió sus acusaciones cuando señaló que “su cuñado y su suegra cuentan con antecedentes por narcotráfico. Recientemente, la señora Martha C. M., suegra del teniente coronel, fue víctima de secuestro por vínculos con el narcotráfico. De la misma manera, el entorno involucraba a miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico con hechos irregulares”. En ese contexto, el teniente admitió que, contraviniendo el procedimiento policial, decidió derivar la información al capitán Cristhian R. S., quien entonces formaba parte del equipo de seguridad del Ministerio de Gobierno, advirtiéndole sobre la relevancia del caso.
Sin embargo, posteriormente se conoció que el capitán negó esta versión. Según su declaración, el accionar del teniente fue irregular y aseguró que nunca se le informó sobre la importancia de los datos.
Procesos
Es en ese contexto que el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, presentó una denuncia contra el capitán Cristhian R. S. en la vía disciplinaria y ante la justicia ordinaria, bajo la sospecha de encubrimiento a actividades del narcotráfico. Fue así que las investigaciones se ampliaron y se generaron los informes del teniente Marvin M. R., quien declaró ante la Fiscalía de Santa Cruz el pasado lunes, acto en el que supuestamente también entregó su celular, a fin de que se verifique su versión.
Nuevos informes
Las investigaciones se ampliaron y dieron lugar a nuevos informes del teniente Marvin M. R., quien declaró ante la Fiscalía de Santa Cruz el pasado lunes. En ese acto, también habría entregado su teléfono celular para que se verifique la veracidad de su versión.
El comandante de la Policía Boliviana, general Mirko Sokol, confirmó que ambos efectivos se encuentran procesados desde el 14 de febrero y anunció que el juicio disciplinario se iniciará en los próximos días.
En el ámbito penal, en tanto, existiría una orden de aprehensión contra Cristhian R. S., cuyo paradero aún desconoce.
Exdiputada Rojas y juez Zeballos siguen detenidos
El juzgado a cargo del caso maletas determinó que la exdiputada Laura Rojas siga detenida en el penal de Palmasola, mientras continúan las investigaciones, luego de que ella solicitó la cesación a la detención preventiva.
Rojas, detenida desde enero, es señalada por usar su pasaporte diplomática, para evitar que las autoridades aduaneras en Estados Unidos y Bolivia, revisen el equipaje.
La detención preventiva también continúa para el juez Evert Zeballos, quien es procesado por haber recogido las 32 maletas y llevarlas al depósito de una de las empresas de su propiedad. Además, están imputados funcionarios del juzgado en el que él trabajaba y personal de la Aduana Boliviana.