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Con cuestionamientos y protestas de por medio, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó el detalle del informe de los conflictos de 2019 y que se enfocan en los hechos de violencia registrados en Montero con el saldo de tres personas fallecidas, entre ellas Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas. A los reclamos de los familiares de estas dos personas se sumaron otras que denuncian ser víctimas que no fueron incluidas en el informe e instituciones como el Comité pro Santa Cruz también se sumaron a las demandas enunciadas.

Entre los afectados figura Edson Ureña, exsubgobernador de la provincia Ichilo y con residencia en el municipio de Yapacaní, quien sostuvo que no fue tomado en cuenta para el informe y con documentos en mano manifestó que las investigaciones para recibir justicia están estancadas. Denunció que solo se ve como víctimas a los afines al masismo.

Ureña apuntó que su vehículo y sus propiedades fueron quemadas por afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). "No hay un solo detenido, presenté pruebas, audios y videos. Y esto no es Afganistán, es Yapacaní, colocaron dinamita en el puente y eso no se menciona en el informe. Destruyeron mi casa y hasta a la bicicleta de mi hija le prendieron fuego. Me han destruido la vida y en Yapacaní soy el opositor, no puedo ni tener un trabajo digno", lamentó.

Ureña consideró que el informe no se ve imparcial y a su reclamo se sumó el de la diputada María José Salazar (Comunidad Ciudadana), quien también señaló que no fue tomada en cuenta para el informe, pese a que fue agredida en El Alto durante los conflictos de 2019. "Su informe está sesgado porque minimiza a las víctimas de la oposición", sostuvo y recordó que pese a que se enviaron las pruebas al GIEI, estas no fueron tomadas en cuenta por los investigadores.

Ninguna de estas denuncias fueron consideradas en el informe presentado por el GIEI y los especialistas escucharon uno a uno las quejas, en un contexto en el que la tensión se adueñó dela situación.

Pero desde el lado de las víctimas también hubo reclamos. En este caso fueron las familiares de Marcelo Terrazas y de Mario Salvatierra quienes reclamaron que no hay avance en las investigaciones y hasta la fecha no recibieron justicia.

Marcelo Terrazas, hijo de la víctima del mismo nombre, también sostuvo que en lugar de la matanza también había personas entrenadas del lado de los afines al Movimiento Al Socialismo (MAS)  "¿Creen que el propio Movimiento Al Socialismo va a investigar y a inculpar a su gente? Estamos siendo discriminados por una justicia que nos castiga por pensar diferente", apuntó Terrazas.

El líder de la bancada de Creemos en la Cámara Baja, Erwin Bazán, también pidió que se den garantías para que se cumplan las recomendaciones del GIEI, que establecen que se debe dar reapertura a las investigaciones de las muertes en Montero.

Bazán cuestionó que los especialistas no conocen todos los detalles porque no se reunieron con la cantidad de víctimas suficientes y recordó que esto fue reconocido por los propios expertos. "Se logró investigar y escudriñar hasta la última piedra en Sacaba y Senkata, pero resulta que en Montero no se hace una investigación como se debe", concluyó.

Los presentes ven que el MAS quiere encapsular los hechos y solo se arriman a los sucesos de Sacaba y Senkata y no así sobre el resto.

Ante esta situación, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, sostuvo que el informe tiene todos los tintes de tibieza y no da la satisfacción en la búsqueda de justicia, sino que ha confundido más al pueblo  y le ha dado más posibilidades al Gobierno para que lo use en su beneficio.

También interpeló al GIEI el vicepresidente cívico, Fernando Larach. A pesar de las numerosas menciones que el informe realiza de la entidad cívica, los investigadores no consideraron necesario reunirse ni escuchar su versión de los sucesos de 2019.

Fuera del lugar de la presentación del informe también estuvieron presentes otras personas que dieron su apoyo a las víctimas y con carteles en mano pidieron justicia y que se investigue a los miembros del masismo y de la justicia boliviana, entre ellos el fiscal general Juan Lanchipa.

Durante su presentación, el GIEI apuntó al entonces Gobierno del MAS como uno de los responsables de la impunidad sobre los hechos de violencia de 2019 y sugirió que se pueda reabrir la investigación para dar justicia a las personas afectadas.

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