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El trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está llegando a su fin, después de 19 meses de haberse firmado el primer acuerdo. Según los archivos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el documento que autoriza el trabajo de los expertos fue firmado en diciembre de 2019, durante el gobierno de Jeanine Áñez. Rogelio Mayta firmó un "protocolo anexo", ninguno de los documentos hace referencia a la vinculatoriedad del informe.  


“Acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Gobierno del Estado plurinacional de Bolivia para apoyar la investigación de los actos de violencia y las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 19 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” se denominaba ese primer acuerdo que permitiría investigar lo que sucedió en esos conflictos.


El acuerdo, lleva la rúbrica de la excanciller, Karen Longaric que firmó por el Estado boliviano y del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao. El documento tiene casi las mismas características del acuerdo que luego se firmaría en el Gobierno de Luis Arce.


El GIEI, sin embargo, nunca inició su trabajo por distintas razones y su labor se vio postergada hasta noviembre de 2020 cuando se acordó el “protocolo de actuación anexo” al primer documento y esta vez el firmante fue el Canciller, Rogelio Mayta y María Claudia Pulido como secretaria ejecutiva interina.


Los documentos


El primer documento solo autorizaba el acceso a la información pública gubernamental, incluso cuando no estén en las actuaciones de los procesos penales abiertos; mientras que en el protocolo firmado en noviembre de 2020 se establece que los técnicos del GIEI tendrán acceso irrestricto a todo tipo de información civil y militar.


“Las autoridades estatales, civiles y militares garantizarán el pleno acceso, pudiendo incluso recomendar al GIEI el acceso a cualquier información, lugar o persona que pudieran tener relación con los hechos, incluso cuando no se encuentren agregadas o referidas en las actuaciones investigativas o causas penales, civiles o administrativas iniciadas”, señala el punto 2 del artículo 7 del protocolo.


Los expertos podían tener acceso a todos los procesos penales y entrevistar a los acusados; el Estado boliviano se comprometía a otorgar todas las facilidades y no tomar represalias contra los que puedan dar un testimonio sobre los sucesos.


El GIEI dará a conocer al Estado boliviano, antes de su publicación, los resultados parciales y finales de su gestión y las recomendaciones que estime convenientes. El GIEI brindará al Gobierno de Bolivia un plazo mínimo de 10 días para comentarios antes de la publicación de los informes parciales y finales de su trabajo”, señala el artículo 16 del acuerdo.


Vinculante


Según el representante de DDHH de El Alto, David Inca, el Gobierno ya tiene en su poder el informe y las recomendaciones y debe aplicar todo lo que investigaron los expertos. Inca reclamó por la vinculatoriedad del informe, lo mismo que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, quien dijo que las conclusiones deben ser vinculantes.


Según Inca, este reporte contendrá los nombres y apellidos de los responsables de la violación de derechos humanos en los sucesos de Senkata y Sacaba, por tanto, el Ministerio Público debe iniciar los procesos penales y civiles para reparar los daños a las familias de los fallecidos y heridos.


Pero ninguno de los documentos, el firmado en diciembre de 2019 y el de noviembre de 2020 contiene el concepto de "vinculante" a las conclusiones del reporte.  


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