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El dirigente nacional del Transporte Pesado, Juan Yujra, advirtió que las protestas se van a reactivar en el país si se detienen a las personas que promovieron la abrogación de la Ley 1386 que ponía en marcha la Estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas.

“Si quieren meternos presos que nos metan a todos los que hemos estado en contra de esta ley. Si es que algún dirigente, no siempre del Comité Cívico o cualquiera de los que hemos estado en esas luchas, es demandado, vamos a salir nuevamente a las calles”, declaró el dirigente.

Entre el 8 y 16 de noviembre se realizó un paro multisectorial contra la vigencia de esa norma que en agosto fue promulgada por el presidente Luis Arce. La ley fue observada porque no se socializó con los sectores implicados en la política pública contra el lavado de dinero.

La norma de seis artículos y un anexo de 51 páginas donde estaba la estrategia habilitaba al Ejecutivo a realizar ajustes sin la validación del Legislativo, además que planteaba que la informalidad es un factor de riesgo. Los sectores también observaron que se dejaban muchas disposiciones “abiertas” y susceptibles de incurrir en vulneraciones económicas.

“Hemos hecho una reivindicación social. No estamos saliendo a defender a maleantes, no estamos yendo a defender a atracadores o a esos que salen y apuntan con armas a los periodistas”, cuestionó el dirigente.

El Legislativo aprobó la abrogación de la ley por efecto de la presión social y el Gobierno señaló que la intención de esa movilización estaba vinculada con la desestabilización y un eventual “golpe de Estado” contra el presidente Arce.

Tras el conflicto que se extendió por nueve días, el Ministerio Público admitió varias denuncias de sectores afines al MAS contra líderes cívicos. Los casos más notorios están planteados contra el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Rómulo Calvo.

“¿Quiénes lograron la derogatoria de esas leyes? Gremiales, transportistas y cooperativistas. Los comités cívicos fueron una fuerza de acompañamiento”, señaló el abogado constitucionalista, Carlos Börth.

En todo caso, los dirigentes cívicos del país que se reunieron la pasada semana en Potosí acordaron mantener el estado de emergencia y retomar las movilizaciones en caso de detenciones. Tienen previsto organizar un gran cabildo para el 15 de enero que responderá a la marcha que organizó el MAS “para defender” al Gobierno.


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