Tras el crimen del Urubó, la Felcn está en la mira y la Policía levanta las manos

La Fiscalía no indaga delitos vinculados con el narcotráfico en el crimen del Urubó. Por eso, Misael Nallar y otras tres personas fueron enviadas a prisión, pero bajo cargos de asesinato y legitimación de ganancias ilícitas. Algo similar sucedió con Maximiliano Dávila, el excomandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) que está detenido en San Pedro (La Paz), pero no por la supuesta “protección” a los envíos de droga a los Estados Unidos, como sostiene la DEA, sino por un posible enriquecimiento ilícito.

Eso sí, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentó públicamente al excomandante Dávila, tal como lo hizo este año con al menos 90 sospechosos de diversos delitos. Nallar no corrió esa suerte y Del Castillo tomó distancia; viajó a Paraguay en medio de la crisis para participar en una reunión sobre la política antidroga de la región que promovió y financió la Unión Europea (UE).

Dávila fue en 2019 el último jefe antidroga de Evo Morales y Nallar es el yerno del ciudadano boliviano Einar Lima Lobo, uno de los mayores narcotraficantes del país quien, en 2017, fue condenado en Brasil a 14 años de prisión por delitos de narcotráfico. En 2021 fue extraditado al vecino país en el marco de la cooperación bilateral.

Ahora, en medio de estas señales, desde el interior de las fuerzas del orden, comenzaron a correr los nombres de dos oficiales asignados al grupo de inteligencia GIOE, el capitán Rubén Aparicio y el mayor Álvaro Muñoz. Se menciona que pudieron encubrir operaciones de Nallar y de posibles nexos con el crimen organizado.

“Lo único que quiero es que dejen de decir que me han llamado (los implicados en el crimen) y que a este señor yo lo he hecho escapar. Yo lo he aprehendido. Yo estoy tres semanas aquí, casi cuatro en Santa Cruz y no puedo tener esos nexos como dice la gente gracias a los mismos camaradas que distorsionan todo”, así empezó su relato el mayor de Policía Álvaro Muñoz, quien el viernes se puso en contacto con EL DEBER para hacer conocer los detalles del operativo que dio con la captura de Nallar el 22 de junio en el surtidor de gasolina en Los Troncos, que está a 112 kilómetros al norte de Santa Cruz de la Sierra. Muñoz dijo que su única misión fue la de capturar a Nallar y que ya había presión sobre toda la familia, lo que habría obligado al prófugo a buscar un intermediario a quien pidió entregarse solo.

Sobre la posible participación del capitan Aparicio, Muñoz negó precisó. “Él no ha trabajado conmigo” y no dio más detalles.

Poco antes, el comandante Nacional de la Policía, el general Jhonny Aguilera, declaró que estos oficiales fueron solicitados desde la Felcn y que debe ser este cuerpo que responda por ellos. Recordó que el Viceministerio de Defensa Social tiene tuición sobre la fuerza antidroga. Según la Ley de Organización del Órgano Ejecutivo, esa entidad funciona como una dirección y está atada, bajo esa modalidad, al mando político.

“El director de la Felcn envía una solicitud para que se declare en comisión a este talento humano en todos los grados a esa unidad, él (director de la Felcn) designa conforme los requerimientos qué espacio tiene”, dijo en una conferencia de prensa y se sumó a la presión que, en estos momentos, enfrenta la Felcn.

El 21 de junio, durante el feriado por el solsticio de invierno, los sargentos de la Policía, Eustaquio Olano y Alfonso Chávez Flores, además de un voluntario del Gacip, José Candia Orozco, fueron ejecutados en inmediaciones de la comunidad El Cuchi, ubicada en el municipio de Porongo.

El crimen fue perpetrado por Nallar y sus secuaces, según los resultados de la rápida investigación que hizo la Policía y que permitió su captura. El sospechoso sería el dueño de La Bendita, una hacienda dotada de alta tecnología y animales exóticos. Se entregó, pero en ese momento no contaba con su teléfono celular, un aspecto que afectó las primeras investigaciones policiales. ¿Quién lo halló? Aguilera aseguró que fue un trabajo en equipo y, esta vez, no negó la participación de la fuerza antidroga en esa acción.

Desde ese martes, cuando el luto golpeó a la Policía, Aguilera protagonizó cerca de 30 contactos con periodistas para explicar los resultados de los operativos “¿Por qué no se destaca esta impecable operación? Hemos dado con el asesino; hemos cumplido nuestro trabajo”, reclamó el comandante de la Policía y tras la insistencia de los periodistas reconoció que los oficiales señalados del GIOE estuvieron en el operativo de captura de Nallar. Aguilera subrayó, no obstante, que la investigación contra ese encausado no fue por delitos de narcotráfico; aseguró que ninguno de los implicados en estos crímenes tenía antecedentes. Para expertos y expolicías, hay evidencias de este delito. Los policías fueron victimados por armas largas “de uso militar” y el mismo Nallar pudo estar “totalmente drogado” cuando ordenó el ataque y la posterior ejecución.

Además, tras ser ejecutados, los cuerpos de los tres policías fueron subidos en la tolva de una camioneta de la Policía “y los expusieron como trofeo”. Así lo entendieron varios oficiales el día del crimen. Esa dolorosa interpretación fue compartida después por expertos en materia de seguridad y por ex jefes de la institución del orden, que ven un inédito avance de organizaciones de narcotraficantes.

“Estamos hablando de situaciones que comprometen a gente con el narcotráfico. Podemos tomarlo de muchas maneras. ¿Qué quieren demostrar estos sicarios? ¿Cuentan con un aval en particular para cometer semejante asesinato?”, se preguntó el coronel Rolando Fernández, quien fuera comandante de la Policía en Santa Cruz. Se declaró impactado y dolido por la crueldad del hecho.

La criminóloga Gabriela Reyes, quien fue asesora en el Ministerio de Gobierno, también cree que Nallar es parte de una organización relacionada con el narcotráfico; esto debido a la composición familiar de su organización, una característica, dijo, de estos grupos especialmente en Beni y Santa Cruz. “Hay varios elementos y mensajes que le están dando: Hay impunidad; se manejan armas de alto calibre y la justicia es débil”.

Además, la especialista exteriorizó su preocupación por las señales que están dando organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) en Santa Cruz de la Sierra. Consideró la posibilidad de que “esta organización decida pelear territorialmente aquí y ya no sean sólo emisarios”, apunto y abogó para que este tema “no se politice”.

El director de la Felcn, el coronel Gregorio Illanes, reapareció el viernes por la tarde, tres días después del crimen. Admitió que sus oficiales participaron en los operativos “en base a cierta información” y “se ha llegado a la identificación y la captura del presunto responsable”. El jefe antidroga aseguró que “todas las evidencias están en poder de la Fiscalía” respecto a la posibilidad de que se active una invitación por delitos de narcotráfico. Illanes afirmó que los funcionarios señalados “en las redes sociales” serán investigados, primero sobre la base de informes solicitados.

Poco antes de la imputación formal, el fiscal de Santa Cruz, Roger Mariaca, señaló que existen riesgos en la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por el asesinato de los policías.

El padre del principal implicado en la ejecución de los policías también estuvo implicado en la actividad del narcotráfico al inicio de la década de los 80, en la dictadura de Luis García Meza, según referencias periodísticas. Jorge Nallar Razuk fue uno de los capos del narco más buscados en Bolivia.

“No tuvieron el valor civil de imputar a Misael Nallar por narcotráfico y quieren protegerlo investigándolo solo por ganancias ilícitas y asesinato. ¿Qué está pasando? Hicieron lo mismo con Maximiliano Dávila, se negaron a entregarlo a la DEA y lo investigan por ganancias ilícitas para protegerlo de sus vinculaciones y el poder político en Bolivia”, cuestionó el diputado Erwin Bazán, de la alianza opositora Creemos.

El ala evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) tampoco respalda la versión del comandante. El jefe de bancada del oficialismo, Gualberto Arispe, pedirá un informe oral al ministro Del Castillo y a esa solicitud se sumó la bancada del la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC) que también demandará informes al ministro de Gobierno, quien estuvo ausente durante los operativos que se cumplieron desde el 21 de junio.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, tampoco respaldó las explicaciones del comandante y volvió a poner en la mira el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo. “La captura (o entrega voluntaria) del principal sospechoso del asesinato de dos policías y un voluntario en Santa Cruz hace cinco días, provoca más dudas que certezas. Reiteramos nuestro pedido de una investigación profunda y en todo nivel para determinar si hubo o no protección”, escribió el expresidente en su cuenta de twitter.

“No podemos permitir ni tolerar que instituciones del verde olivo estén inmiscuidas o tengan lazos con el narcotráfico. Esa situación nos preocupa y aquí el comandante general de la Policía debe dar un paso al costado. Ha perdido el control sobre su personal”, afirmó poco antes el diputado cruceño Daniel Rojas (MAS), quien aseguró que es el ministro de Gobierno “es quien debe responder a estas preocupaciones”. Del Castillo estuvo en Paraguay cuando la Policía encaró la pesquisa y la captura.

CRIMEN ORGANIZADO
Las autoridades policiales ni la Fiscalía han esclarecido hasta el momento los móviles del triple asesinato del Urubó.

AGENTES ANTIDROGA
La Felcn no dirigió la operación, pero cooperó con sus servicios de inteligencia. Hay presiones, incluso políticas, en este caso.

DESTINO SANTA CRUZ
Las operaciones del crimen organizado vinculado con el narcotráfico se han incrementado en el último tiempo en el departamento y hay preocupación.

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