Tras el paro, Santa Cruz espera diálogo y el MAS acusa a tres líderes cruceños

El paro de 48 horas, organizado por el comité interinstitucional de Santa Cruz que exigió que el censo se realice el próximo año y no en 2024, cumplió su objetivo, porque paralizó Santa Cruz. Ahora espera diálogo con el gobierno, pero alerta que el siguiente paso será ir por las 72 horas, mientras que el MAS inició procesos penales en contra tres líderes cruceños: el gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

“Este paro, de dos días, fue muy exitoso, principalmente porque ha movido al Gobierno a querer destruir nuestro movimiento, que es cívico, y no es político”, dijo un hombre con tranquilidad, junto a su amigo la tarde de este martes, ambos parados sobre el asfalto de la avenida Beni y segundo anillo. “Total apoyo a lo que se determine en el comité interinstitucional”, acotó.

La mayoría de los cruceños optaron por no salir de sus casas. Otros acudieron a las rotondas a bloquear, y en menor número, estuvieron los que se dieron formas para continuar con su actividad laboral. Se registró poca actividad en las calles; algunos mercados y negocios sí abrieron sus puertas; el transporte público no circuló los dos días.

Empero, hubo denuncias como la de un médico de la Caja Petrolera de Salud, a quien un par de bloqueadores, en estado de ebriedad, no dejaron pasar y ante la insistencia golpearon su vehículo con un bate de béisbol. Los dos jóvenes fueron detenidos.

Durante la jornada, el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, señaló que el camino es el diálogo. Manifestó que no se puede hablar de “exitoso”, porque evidentemente se genera un daño económico, pero puntualizó que “fue el sacrificio del pueblo para reclamar el derecho a recoger la información del censo para una nueva distribución de los recursos económicos”.

El Comité Interinstitucional Impulsor del Censo se reunió al anochecer y en esa instancia Cuéllar agradeció a la población por haber participado consciente y disciplinadamente en el paro. Recordó que los problemas deben resolverse dialogando y no con la violencia. Recordó que el 15 de agosto se realizará una reunión de socialización convocada por el INE en Santa Cruz.

“Les digo que ese encuentro no se puede realizar entre cuatro paredes, tiene que ser un evento público, que no ocurra lo que ha pasado anteriormente (en otras reuniones convocadas por el Gobierno), donde nos secuestran los celulares. Uno no puede grabar nada y luego salen tergiversando”, manifestó.

El gobernador Luis Fernando Camacho, por su parte, adelantó que se va a llamar a una nueva reunión esta semana para convocar a otra cumbre, donde definirán las nuevas medidas que pueden ser paros, cabildos o marchas. “Estemos atentos y firmes”, convocó.

En ese marco, manifestó que el siguiente paso sería un paro de 72 horas. Sin embargo, “no será inmediato”, así que conminó al Gobierno a dialogar.
El gobernador Camacho, como Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, coincidieron en decir que: “Santa Cruz está unida, dispuesta a salir a exigir sus derechos pese a las inclemencias del tiempo y está dispuesta a (asumir) las medidas que sean necesarias (para pedir que el censo se realice en 2023)”.

“Se ha demostrado a Bolivia que unidos podemos mostrarle al Gobierno que el centralismo no nos va a dominar. El pueblo quiere un censo para todos los bolivianos”, manifestó Calvo. 

El Gobernador, por su parte, recordó que la Comisión Interinstitucional presentó un proyecto al Gobierno nacional, con un cronograma técnico que consigue realizar el censo hasta el primer semestre de 2023. “No existe voluntad política del Gobierno para buscar soluciones y se cierra ante el pedido de Santa Cruz y sus instituciones”, lamentó.

Los tres oradores mostraron su rechazo ante la violencia generada por grupos afines al MAS, y a la cabeza de dos ministros de Estado, como pudo observarse en ambos días de paro. También criticaron el uso de bienes públicos de los distintos niveles del Estado para amedrentar a las personas que participaban en el paro.

El otro lado

El frío acompañó la protesta. Fue evidente, en la mayoría de los casos, que en los lugares donde afines al oficialismo movilizaron gente, se registraron incidentes y enfrentamientos.

Este martes por la mañana, por segundo día consecutivo el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, acompañado por funcionarios públicos y vecinos afines al MAS, circuló por distintos puntos de la ciudad para “limpiar los escombros del camino”. Desde el quinto anillo, invitó a la población cruceña a circular con normalidad. “Una vez más, la gente le ha dado la espalda al Comité Cívico y al Gobernador. Un desastre la convocatoria. Otra vez, solamente tiraron basura, y nuevamente estamos con los vecinos haciendo limpieza”, manifestó.

Sin embargo, el ministro fue captado por cámaras de seguridad y de medios de comunicación, mientras caminaba detrás de grupos de choque que ahuyentaban con violencia y petardos a personas que habían decidido bloquear.

Así, la violencia y los enfrentamientos que se registraron durante estas dos jornadas, se presentaron durante esa labor de “limpieza” realizada por el ministro de Obras Públicas y sus acompañantes, como también por la noche del lunes en el Plan Tres Mil, donde dos bandos de vecinos se enfrentaron, más que a golpes, a ‘petardazos’, lo que se repitió este miércoles, al terminar el paro de 48 horas.

El alcalde Jhonny Fernández fue otro presunto promotor de la violencia. Dos incidentes marcaron esa agenda. El ataque a su casa, en la que intervino una camioneta de la Alcaldía Municipal, que luego fue reportada por funcionarios municipales como robada; y el hallazgo de dos concejalas opositoras, la madrugada de ayer, que filmaron a grupos de jóvenes que pernoctaban en el edificio municipal cercano a la plaza 24 de Septiembre, y en una sala tenían almacenadas decenas de petardos.

La ministra de la presidencia, María Nela Prada, lamentó que “algunos grupos siempre recurren a la confrontación, a la desestabilización, son los grandes ausentes en las mesas del diálogo, porque sí se generaron estos espacios donde nos reunimos entre autoridades de los departamentos, alcaldes y gobernadores más allá de las diferencias políticas, en las que el ausente de siempre fue Luis Fernando Camacho. Lamento como cruceña que se apele a ese sentimiento de cruceñidad y que se hable como si toda la cruceñidad estuviera de acuerdo”.

Manifestó que no es así, “porque cuando uno va a hablar con las personas que trabajan y ganan el sustento en el día a día, se puede confirmar que es la que más padece estos paros porque les afecta a los bolsillos”.

Además, se solidarizó con el alcalde Fernández, “con su familia por estos ataques violentos por parte de grupos radicales que pretenden imponer una forma de pensar en Santa Cruz que, lamentablemente, no respetan el disenso, no opiniones contrarias”, afirmó.

Desde La Paz, el diputado del MAS, Anyelo Céspedes, declaró que va a presentar una denuncia en contra de Camacho y Calvo, “que buscan un golpe de Estado. Por eso, nos querellemos contra ellos, por instigación pública a delinquir, apología pública del delito, asociación delictuosa, atentado contra el trabajo, contra la seguridad del transporte y conspiración”.

Por su parte, en Santa Cruz, la diputada oficialista Ninoska Cuéllar se querelló contra Camacho, Calvo y también incluyó al rector Vicente Cuéllar por la “vulneración y derechos, por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y porque privan a las personas a ejercer su derecho a circular y a trabajar”.