Tras emboscada en Apolo, Policía ingresa a la zona de minería ilegal
Efectivos policiales en cinco automóviles y personal de la Fiscalía ingresaron ayer a Chontalaca donde se registró la balacera que dejó ocho heridos. Iniciaron las pesquisas para encontrar a los responsables
Luego de la emboscada a comunarios de Correo por algunos asentados de Unión Pauje, la Policía Boliviana y la fiscal a cargo del caso se hicieron presentes en el municipio de Apolo para coordinar el ingreso a la zona de conflicto de nombre Chontalaca donde se registró una balacera que dejó ocho heridos.
“Se ha definido entrar al lugar con la fiscal a cargo y la Policía para investigar y pedimos como organizaciones sociales que se indague hasta encontrar a los responsables del hecho”, informó el ejecutivo provincial de Franz Tamayo, Remberto Arias, en contacto con EL DEBER.
La reunión entre las organizaciones sociales de la provincia Franz Tamayo con personal policial, enviados por el Ministerio de Gobierno, para coordinar el ingreso a la zona de conflictos inició en horas de la mañana de ayer.
Cerca de las 14:00, partieron a Chontalaca. Luego de una hora de viaje llegaron al lugar para iniciar las investigaciones.
El coronel Miguel Hidalgo, comandante de la patrulla fronteriza de La Paz, prefirió no revelar las acciones que se iban a realizar en el lugar para evitar entorpecer las pesquisas ya que de por medio estaba la integridad de las personas de las comunidades y del personal desplazado.
“Por el momento no existe enfrentamiento, no hay problemas en el municipio de Apolo y las cosas se han ido pacificando. Se está coordinando con las autoridades para realizar las investigaciones. Debemos precautelar la integridad de las personas, por eso luego daremos un informe. No queremos enfrentamientos”, detalló el comandante Hidalgo.
El informe estaba previsto para las 19:00; sin embargo, ya no se conoció más información del operativo.
El dirigente de Correo, Isidro Flores, lamentó que las autoridades hayan demorado en ingresar al lugar, ya que se presume que los implicados escaparon con las maquinarias de minería ilegal a las zonas profundas de Apolo.
“Lamentablemente los que han sido atracadores y vandálicos están escapando con las máquinas. Parece que no lo van a pillar como han tardado un poco. Filtraron la información de que están escapando con maquinarias”, refutó.
Relato de la emboscada
El dirigente de la zona emboscada, Isidro Flores, aclaró que su territorio indígena llega hasta el río Yuyo donde personas ajenas están practicando minería ilegal desde 2020. Esta situación ya fue denunciada a las autoridades competentes, sin embargo, no hubo respuesta por lo que por sus medios lograron desalojar a esta empresa ya que se registraban daños al agua, al medio ambiente y el desmonte de tierras.
Tras las denuncias a los mineros ilegales, contradictoriamente los dirigentes resultaron demandados por estos y ahora tienen detención domiciliaria.
“Han hecho una jugada, a nosotros nos han hecho una persecución y han manipulado el trámite de lo que ellos han explotado con las empresas. Nos cargaron esas maquinarias que usaron y nos metieron a la cárcel con un proceso ilegal en San Pedro”, denunció.
Una vez recluidos en la cárcel se reanudaron las explotaciones de oro y el martes quemaron al menos 20 casas aprovechando que los comunarios estaban reunidos en asamblea.
“Nos esperaron con armas de fuego. Han baleado con rifles y teníamos dos secuestrados que ya fueron recuperados”, dijo.
La senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, llegó el 26 y 27 de mayo al lugar para constatar las denuncias y evidenció la maquinaria pesada y campamentos de mineros en las comunidades indígenas.
Con anterioridad los comunarios también habían denunciado plantaciones de coca de forma irregular al viceministerio de Coca, pero tampoco atendieron sus demandas.
Este viernes se formalizará una querella presentada por los heridos de bala y los dirigentes de Correo.
Incumplimiento de deberes
La senadora Cecilia Requena exigió al presidente del Estado, Luis Arce, y a los ministros de área “cumplir con sus deberes”, ya que la minería ilegal sería reflejo de las omisiones de las autoridades y la falta de control para resguardar las áreas protegidas y el ciclo del agua del país.
“Exigimos que nuestro presidente cumpla con sus deberes e intervenga esta actividad de manera ilegal, impune, violenta y descarada en el norte de La Paz y otras áreas del país”, reclamó.
Advirtió que si estos hechos no se detienen ahora serán más violentos y se lamentarán muertos ya que existen heridos por armas de fuego y “nada les impide” que ocurran daños letales.
