Tras un acuerdo entre Arce y auríferos, el MAS unificado sancionó la ley del oro

Un Movimiento Al Socialismo (MAS) unificado en el Senado sancionó ayer la Ley de Compra de Oro para el Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. La norma se destrabó luego de dos años, gracias a un acuerdo de ocho puntos logrado entre mineros auríferos y el presidente Luis Arce. Una de las demandas establece la participación de ese gremio en la elaboración del reglamento de la ley junto con el Banco Central de Bolivia (BCB).

“En la mañana (del miércoles) nos han visitado los auríferos. Hemos tenido la reunión toda la tarde hasta horas de la noche. Ellos tenían unos compromisos con el hermano presidente Luis Arce y dijeron: ‘Tienen que estar tratados nuestros ocho puntos’. En la reunión se ha ratificado con el ministro y viceministro de Coordinación Gubernamental que ellos van a convocar a una reunión con el hermano presidente para tratar punto por punto”, reveló el senador Hilarión Mamani, del MAS.

Agregó que este encuentro fue clave porque con este acuerdo los mineros auríferos dieron su visto bueno a la norma y, en consecuencia, como presidente de la Comisión de Planificación en el Senado, el parlamentario ‘evista’ viabilizó el jueves la aprobación de la ley del oro en su estación en grande y en detalle sin modificaciones.

Más tarde, el presidente del BCB, Edwin Rojas, dio a conocer uno de los tratos con los auríferos que consiste en el consenso de la reglamentación de la ley de compra de oro que debe estar listo en dos meses, luego de la promulgación.

“Tenemos que generar el reglamento, eso es lo que establece la norma y vamos a consensuar con las diferentes instancias que nos hemos comprometido, con diferentes gremios, para poder consensuar el procedimiento de compra fundamentalmente”, aseguró Rojas.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que los gremios que “plasmaron su apoyo a esa norma” fueron la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) y la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman).

Tras el proceso de divulgación de la norma y acuerdos, el Senado sancionó la ley de compra de oro con los votos de ‘evistas’ y ‘arcistas’. Este escenario de unidad en el MAS generó sorpresa en la oposición y denominaron sus fisuras como un “falso debate para la distracción”.

Cecilia Requena, senadora de Comunidad Ciudadana (CC), advirtió que los acuerdos con los mineros están ligados al ecocidio y biocidio. “Están rogando a los cooperativistas mineros a que les den luz verde para esto, qué les habrá (ofrecido), lo que negociaron es eso, ‘no importa que sea la devastación, les vamos a dar lo que quieran, compañeros’”, manifestó la legisladora luego de que el ministro Montenegro explicara los alcances de la norma.

El pleno del Senado solo contempló el informe de la Comisión de Planificación y no trató el documento de la Comisión de Economía Plural, que tenía observaciones de “ilegalidades” por la “irregular” habilitación del senador Félix Ajpi, MAS, que se encontraba en su semana regional.

El senador Rubén Gutiérrez, del MAS, invocó la moción de dispensación de trámite y voto de urgencia para que se exima “la distribución de informes de proyectos de ley con una anticipación de 24 horas antes de su inclusión en su orden del día” para que de esta manera se considere el informe de la Comisión de Planificación que fue enviado con pocas horas de anticipación.

La moción tuvo 20 votos de los 21 que tiene el MAS en el Senado. Tras este mecanismo, el ministro de Economía ingresó al pleno de la Cámara Alta para explicar los alcances de la norma y recibir consultas de los senadores.

Los argumentos de la oposición fueron que la ley no da seguridad ambiental porque fomenta la minería ilegal, la terciarización de servicios para el refinamiento del oro, la falta de fiscalización de la Asamblea Legislativa en las operaciones financieras que realice el BCB y la elaboración del reglamento sin supervisión del Legislativo.

Sobre la minería ilegal, el ministro sugirió mejorar los mecanismos de control para evitar la ilegalidad del metal y aclaró que la norma establece, en su artículo 7, la compra de oro “responsable”, es decir, que se adquirirá el metal de cooperativas y privados con respaldos legales.

Por otro lado, la senadora de CC Andrea Barrientos señaló que de 2011 a 2023 solo se compraron 83 lingotes. Dijo que “nos quieren tomar el pelo y decirnos que van a comprar oro, no. Esta ley nos pone en riesgo”. La legisladora aprovechó para reclamar a Montenegro por responder a su petición de informe con un enlace del BCB y sin información sobre las reservas de oro. “Es un irresponsable y es un tipo muy bajo”, le dijo al ministro y rompió el documento.

Desde el ala ‘evista’, el senador Hilarión Mamani prefirió sincerarse y decir que “estamos en crisis, clarito es y por eso estamos aprobando”. Más temprano, en la sesión de Comisión, preguntó a Montenegro si hay recursos para comprar oro a los oferentes y dijo que esperan que no ocurra como las empresas Vinto y Colquiri a las que el Estado les debe dinero.

Asimismo, advirtió que “son enteramente responsables” las autoridades del Órgano Ejecutivo de la administración de las reservas y “ojalá administren bien” porque activarán todos los mecanismos de fiscalización.

Para el senador de Creemos Henry Montero, el primer Poder del Estado, refiriéndose a la Asamblea Legislativa, está en decadencia y desprestigio porque no se respetan los mecanismos de fiscalización por lo que espera que se cumpla el informe cuatrimestral del BCB sobre operaciones financieras con el oro del país.

El tratamiento continuó en su estación en detalle luego que la bancada del MAS aprobara la suficiente discusión del proyecto de ley del oro. De inmediato, sometieron a votación la su estación en grande con el mismo resultado.

Denuncia de los evistas

El tratamiento de la norma en el Senado siguió su curso, pese a las denuncias de tres diputados ‘evistas’ que develaron que el texto de la norma aprobada en su estación en grande fue cambiado en su tratamiento en detalle durante la sesión maratónica del 22 y 23 de abril en la Cámara de Diputados.

“En conclusión, se puede establecer que el tratamiento del proyecto de ley en su estación en detalle fue realizado con un documento foráneo, que no guarda relación con el proyecto de ley que fue aprobado en su estación en grande, escenario que se puede corroborar con el proyecto de ley aprobado por la comisión”, dice la parte final del documento firmado por los diputados oficialistas Gualberto Arispe, Ramiro Venegas y Anyelo Céspedes.

Según los denunciantes, se presume la comisión de delitos penales de incumplimiento de deberes y falsedad material, que “en el caso de ser pasados en alto por esa instancia legislativa” puede generar responsabilidades de orden penal.