La decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz, afirmó este lunes que la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales responde exclusivamente al incumplimiento de una citación judicial dentro del proceso por presunta trata de personas agravada y negó que exista persecución política contra el exmandatario.
En entrevista con EL DEBER, la magistrada sostuvo que la declaratoria de rebeldía fue determinada luego de que Morales no asistiera a la audiencia de juicio oral instalada en Tarija y tampoco justificara formalmente su ausencia ante el Tribunal Primero de Sentencia Penal.
“Ante la incomparecencia del imputado se ha procedido a la declaratoria de rebeldía. Esta declaratoria ha ocasionado que se emita un mandamiento de aprehensión y un mandamiento de arraigo en su contra”, explicó Ruiz.
La autoridad judicial remarcó que el proceso penal se encuentra radicado en Tarija y que el Ministerio Público sostiene la acusación con más de 170 elementos de prueba dentro de la investigación por el presunto delito de trata de personas agravada, causa que también involucra a Idelsa Pozo Saavedra, madre de la presunta víctima.
Según la magistrada, Pozo se encuentra en la misma situación jurídica que el exmandatario debido a que tampoco se presentó a la audiencia judicial, motivo por el cual se emitieron medidas de rebeldía, arraigo y aprehensión en su contra.
Ruiz aclaró que la ejecución de las órdenes judiciales corresponde a la Policía Boliviana y no al Órgano Judicial.
“La orden de aprehensión es emitida por el Órgano Judicial; sin embargo, su ejecución corresponde a la Policía Boliviana mediante los mecanismos que considere pertinentes”, indicó.
Asimismo, advirtió que mientras no se concrete la comparecencia o aprehensión de los acusados, el juicio oral permanecerá paralizado.
“No se puede realizar un juicio sin la presencia de los imputados”, enfatizó.
La decana del TSJ también respondió a las denuncias de supuesta persecución judicial formuladas por la defensa de Morales y por el propio exmandatario, quien sostiene que el caso tendría motivaciones políticas.
“El Órgano Judicial no se va a prestar a persecuciones políticas de ninguna naturaleza. Si el expresidente comparece y demuestra su inocencia, será liberado. La justicia no puede favorecer ni a un partido ni a otro”, afirmó.
Ruiz insistió en que los jueces deben garantizar el debido proceso sin distinción política y sostuvo que el sistema judicial tiene la obligación de actuar bajo parámetros de independencia y seguridad jurídica.
Durante la entrevista, la magistrada también expresó preocupación por la exposición pública de la presunta víctima del caso, cuyo nombre —según dijo— fue ampliamente difundido en redes sociales y medios de comunicación.
“Me apena como mujer que el nombre de la víctima se haya viralizado de tal magnitud. No puede revictimizarse a una persona por el hecho de denunciar”, señaló.
El proceso contra Morales se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad en Tarija. El Tribunal Departamental de Justicia dispuso controles policiales en el ingreso al edificio judicial y restringió el acceso de medios de comunicación durante la audiencia en la que se ratificó la rebeldía del exmandatario.