UE pide juicio "sin presiones políticas" y la CIDH, que se mantengan las garantías judiciales
Diversas instituciones internacionales se refieren a la detención de la ex presidenta Jeanine Áñez y otras ex autoridades del gobierno tránsitorio
La detención de la expresidenta Jeanine Áñez junto a la aprehensión de otras autoridades del gobierno transitorio ha alertado a instituciones internacionales. En diversos comunicados, la Unión Europea (UE) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitan al Gobierno de Bolivia que se respete el procedimiento e independencia judicial.
La portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS, en inglés), Nabila Maasrali, emitió un comunicado en el que se califica como "acontecimientos preocupantes" el arresto de la expresidenta Áñez, de ministros de su gobierno interino y de otras ex autoridades.
La EEAS considera que "las acusaciones vinculadas a los acontecimientos de 2019 deben ser resueltas en el marco de un proceso judicial transparente y sin presiones políticas". Además plantea que el proceso debe respetar en todo momento la independencia de los poderes.
La Unión Europea compromete su ayuda a Bolivia en el esfuerzo por resolver "mediante el diálogo y la reconciliación con el fin de preservar la estabilidad política y el respeto de los derechos humanos".
Por su parte, en la cuenta de twitter de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se indica que dicho organismo "toma nota" de la detención de ex autoridades "como parte del desarrollo del proceso penal denominado Golpe de Estado". Pide al Estado boliviano "respetar los estándares interamericanos sobre garantías judiciales, independencia y protección judicial".
En concreto, la CIDH recuerda la necesidad de respetar las "garantías mínimas para ejercer su defensa". Destaca que esta garantías implican acceder a las imputaciones, examen y contradicción de pruebas.
#Bolivia🇧🇴 La @CIDH toma nota de aprehensiones de personas funcionarias del anterior gobierno interino, como parte del desarrollo del proceso penal denominado “Golpe de Estado”, iniciado por su posible responsabilidad penal por delitos de sedición, conspiración y terrorismo. 1
— CIDH - IACHR (@CIDH) March 14, 2021
