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Alejandro Sameja trabaja con el COEM de Warnes.  Tiene a su disposición una camioneta oficial con permiso para circular las 24 horas, los siete días de la semana. El domingo pasado contactó a unas personas para hacer una olla común. “Hubo carniceros que me ofrecieron ayuda para hacer la olla común. Por eso me fui a su casa”. 

Lo que ignoraba es que a tres casas de ahí había personas consumiendo bebidas alcohólicas. Algunos parientes suyos vivían en esa casa, y los vecinos denunciaron que una camioneta del municipio “estaba en una fiesta”.

Llegó la Policía y los arrestó, incluido Alejandro: “Nos involucraron a todos”. Le quitaron la llave a la fuerza, pese a que el vehículo estaba estacionado a tres casas del lugar del hecho. “Teníamos que ir a la oficina de Warnes y en el camino cambiaron de opinión y nos llevaron a la FELCC de Satélite. Nos metieron a la celda sin decirnos por qué estábamos detenidos”. 

Llegaron otra vez los policías y los atemorizaron, según narra. “Están todos borrachos. Se van a ir a Palmasola”. A las 3:40 de la madrugada les hicieron la prueba de alcoholemia. De las seis pruebas, solo una dio positivo con 1,5 grados de alcohol. Alejandro no tenía ningún rastro de alcohol en su cuerpo.

A las ocho horas dijeron que pasarían con el fiscal y luego con una jueza. “Estábamos en cautelar. Nos tuvieron casi 40 horas detenidos”, comenta. Alejandro tuvo que pagar a un abogado que encontró en el lugar. Finalmente fue liberado sin culpa. “Mi jefe me ha ratificado en el puesto. Me devolvieron el trabajo, porque por todo esto estaba retirado supuestamente”. Pero la camioneta continuaba detenida. La olla común no se pudo realizar.

En esta historia, que según Sameja se repite en varios lugares, hay enseñanzas para quienes sean detenidos por la Policía. “Cuando detienen a alguien deben darle una explicación del por qué están haciéndolo. El arresto puede ser simplemente por sospecha. Cuando se determina que no hay responsabilidad del arrestado, deben liberarlo. Si el fiscal encuentra que sí hay elementos y debe presentar al arrestado ante un juez cautelar, ahí es necesaria la participación de un defensor”, explica el abogado David Domínguez.

Remuneración y multas

También hay que estar atentos a los cobros. Si se llega a una audiencia cautelar, el monto que recibe un abogado como remuneración no debería pasar de los 1.000 bolivianos. Una audiencia puede tomar entre dos y cuando mucho, tres horas. “La norma dice que se cobra 300 por hora”, comenta. Por eso, exigir 1.500 por una defensa que incluye esta cautelar es demasiado, según el profesional. Más aun si se considera que entre los detenidos hay personas de escasos recursos. “Dependiendo del supuesto delito cometido están los honorarios del abogado. Si es supuestamente un delito simple que se subsana en una audiencia, los honorarios deben ser 1.000 a 1.500 bolivianos. Es más, en algunos casos en una simple audiencia pueden ser 500”, explica Domínguez.

La persona que no cumpla con la cuarentena recibe como sanción un arresto de ocho horas y una multa de 1.000 bolivianos. La figura se complica cuando empieza una denuncia penal por delitos contra la salud pública.

Estos delitos contra la salud pública son sancionados con cárcel de uno a diez años según el Código Penal. Quien propague enfermedades contagiosas o cause epidemias puede ser procesado. Lo mismo para quien envenene aguas para consumo público o uso agropecuario o comercie con sustancias nocivas para la salud (entre otros casos).

Si no hay propagación de enfermedades contagiosas ni la persona causa epidemia comprobada, tampoco hay delito. Es necesario, según el análisis jurídico de Ramiro Carrillo, que se demuestre que la persona está propagando enfermedades contagiosas.

Para llegar a un juez cautelar, el fiscal debe emitir el mandamiento de aprehensión. Aquí se tienen que señalar las pruebas para emitir la imputación formal. El análisis del estudio Carrillo Abogados señala que el Ministerio Público debe realizar pericias a los arrestados para determinar si son portadores del coronavirus. “Caso contrario, se estaría ante un delito aparente”.

Procedimiento abreviado

Quienes han sido condenados por delitos contra la salud pública a uno y a dos años y quieren acogerse al recurso de procedimiento abreviado, tienen que aceptar el hecho que se investigó; el abogado tiene que estar de acuerdo con el procedimiento abreviado y, finalmente, debe haber concluido la investigación. Con esos pasos y otros más, se puede acoger al procedimiento abreviado.

Reconocer el hecho investigado implica que estas personas condenadas acepten que propagaron una pandemia “y reconocer implícitamente que tienen los síntomas del covid-19. Por tanto, no tendrían que salir en libertad en forma inmediata sino someterse a un aislamiento total”. Si hay duda, ésta favorece al imputado, porque fue sentenciado por salir a la calle.

Las sentencias, según el análisis de Ramiro Carrillo, no tienen legalidad y vulneran la presunción de inocencia porque obliga a aceptar un hecho que no se comprobó en la investigación.

Alejandro Sameja está libre. No bebió y tenía permiso para circular. Sin embargo, se siente esquilmado. Por supuesto, esa olla común no se realizó. 


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