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Una audiencia de más de cinco horas de duración quedó truncada en su momento final, porque un corte de luz en el penal de San Pedro impidió que el ex ministro de Gobierno, Carlos Romero escuche la resolución del juez sobre la cesación a su detención preventiva que planteó su defensa. Los abogados de la defensa denunciaron que hubo un boicot desde el propio gobierno.


Carlos Romero está acusado de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes por el desfalco que se produjo en la Unidad Estratégica de Lucha Integral Contra el Narcotráfico (Uelicn) entre las gestiones 2013-2018 e involucra a civiles y militares de esa unidad. El caso estaba paralizado hasta la detención del ex ministro y desde entonces tampoco se realizó ninguna acción de los fiscales.


Hoy, desde las 10.30 se desarrolló la audiencia a cargo del juez, Alan Zarate y el tiempo de detención de Carlos Romero, fue la principal pugna entre fiscales, abogados defensores y acusadores del exministro de Gobierno que ya cumplió cinco meses de encierro en el penal de San Pedro. Los defensores, Mónica Ramírez y Andrés Zúñiga, consideraron que ya se cumplió el plazo que estableció la propia justicia.


En el otro frente, los fiscales afirmaron que el 4 de junio pasado presentaron un memorial ante el juez Alan Zarate para solicitar la ampliación de la detención preventiva del exministro de Gobierno por otros cuatro meses. Su argumento fue simple, la cuarentena dictada por el Gobierno impidió realizar actos investigativos y convocar a otras personas a declarar dentro del caso y por tanto solicitaron ampliar esta detención.


Los fallos


El 17 de enero, el juez Zarate decidió la detención preventiva de Romero por el lapso de seis meses, tal cual había solicitado la fiscalía, sin embargo, en una audiencia de apelación que se realizó en febrero de este año, la sala penal primera determinó reducir ese plazo a cinco meses desde el momento de la detención, es decir desde el 17 de enero, ese plazo se cumplió el miércoles.


Para los fiscales, hay al menos media docena de testigos que debían ser convocados y otras cuatro personas sindicadas que deben declarar por este caso, pero que, por la emergencia declarada, el mismo Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, decidió la suspensión de todos los juicios y los actos investigativos y por eso los fiscales ya no realizaron ninguna actividad.


Afirmaron que el plazo de cuatro meses es suficiente para que ellos concluyan lo que quedó pendiente y además esperarán el informe final del Instituto de Investigaciones Forenses (Idif) sobre la pericia a los documentos que fueron enviados por la Uelicn.


Los abogados defensores explicaron que no existe ninguna posibilidad de que Carlos Romero tenga interés en obstaculizar este proceso porque fue él quien presentó la denuncia y por tanto es el primer interesado en que este caso concluya. Los fiscales manifestaron que al quedar en libertad puede influir en el resto de los acusados porque fue la máxima autoridad de ese ministerio.