Un informe de Transparencia alerta otros 14 casos de corrupción en ABC

Un informe del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, al que tuvo acceso EL DEBER, detalla 14 hechos de presunta corrupción que se cometieron en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) regional La Paz, durante el año 2021. Estos hechos se reportaron al presidente de la caminera y al Ministerio de Obras Públicas, pero no recibieron respuesta.

El ministro de Justicia, Iván Lima, evitó referirse al informe. El documento se conoció en medio del escándalo por la supuesta coima de Bs 18,6 millones recibida por funcionarios de la ABC para la adjudicación del tramo carretero Sucre-Yamparáez.

El documento de transparencia señala que “todas las irregularidades y hechos indebidos descritos previamente, 14 en total, son de conocimiento pleno de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE, Henry Nina, presidente de ABC), siendo la misma responsable de tomar acciones inmediatas y oportunas para evitar actos de corrupción. Por el contrario, la MAE permite y se involucra en estas acciones indebidas. Siendo muy importante mencionar que se debe investigar y revisar todos los actuados de la gestión de la MAE actual”, dice.

Además, recomienda “la intervención de auditoría, unidades de transparencia, Contraloría y otras instancias que coadyuven en el esclarecimiento e investigación en la gestión Henry Nina, por los supuestos delitos de uso indebido de bienes del Estado, cobros indebidos para adjudicación, pago de planillas y otros”.

El caso más grave es el relacionado con la empresa Cotapalka. Para la adjudicación de contratos con la ABC, se presentaron certificados de trabajo de subcontratos, en los que se establece el nombre de Jaime Alcón Avilés como representante legal. Esta persona es familiar del gerente regional de ABC en La Paz, Olguer Alcón. Estos certificados, según el informe de Transparencia, “son fraudulentos, por instrucciones del RPC (sr. Olguer Alcón) fueron conseguidos para cumplir con los requerimientos mínimos del DBC”.

Como ejemplo, se menciona el caso de una empresa que se adjudicó un contrato y estaba autorizada para subcontratar hasta el 25% de personal, pero superó el 50%. Esto ocurrió en la construcción de las rutas Guanay-Yuyo, según Sicoes, por Bs 1,9 millones; y Yuyo – Cruce Apolo, por Bs 1,2 millones. Establece otros dos casos de anulación de contratos sin penalidades.

Otro caso habla del favorecimiento en la adjudicación de contratos. Primero menciona a la empresa Grupo Empresarial Geico; en la descripción detalla que la empresa constructora Frover SRL, representada por Henry Marín Choquehuanca, fue adjudicada en el proyecto de la doble vía Huarina–Tiquina, siendo parte del grupo la empresa Frover SRL.

Frover SRL también se adjudicó el proyecto de conservación vial Rio Seco–Desaguadero, siendo parte de la asociación Marín Choquehuanca, hermano de Ever Mario Choquehuanca.
El informe subraya que ambos provienen “del mismo sector (Carrasco, la reserva de la provincia de Caranavi), del presidente de la ABC, Henry Nina; además, fueron dirigentes de la organización social de los Interculturales. El informe menciona otros casos de adjudicaciones de obras, en las que no hubo licitación.

A decir del gerente general de la Cámara de Constructores de Santa Cruz, Javier Arze, la ABC se convirtió en una especie de ‘republiqueta’ en la que nadie tiene acceso. Aseguró que hicieron varios esfuerzos para reunirse con el presidente de la ABC y con los dos últimos ministros de Obras Públicas, pero no hubo respuesta. “Esta entidad tiene su propia dinámica”, denunció Arze.