Una red ya enviaba droga a España en 2019 y ahora requisan Viru Viru

Una red de funcionarios públicos y policías ya enviaba droga a España en 2019 a través de vuelos internacionales despachados desde Viru Viru. La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) intervino entonces y capturó a un funcionario quien luego recuperó su libertad. No solo eso. Volvió al aeropuerto como funcionario de la aerolínea estatal BoA.

Se trata de Diego V, quien fue nuevamente detenido, esta vez por el ‘narcovuelo’ a Madrid que tuvo lugar en febrero. El gobierno español reportó este caso el 31 de mayo y fue cuando dio cuenta del hallazgo de 478 kilos de cocaína en la bodega de BoA del aeropuerto de Barajas. El alijo no tenía remitente y fue tramitado a través de una empresa de courrier, dijo ayer la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo, quien evitó dar más datos sobre esa empresa.

De acuerdo con el reporte del caso SC-SCZ 1900294 de 2019 al que tuvo acceso a EL DEBER, este empleado fue aprehendido junto a otras dos personas. El reporte no precisa si él tuvo conexión con la empresa estatal, pero estableció que 47 kilos de cocaína llegaron a España en una nave de la aerolínea española Air Europa. Eso sí, en el operativo implicó a exfuncionarios de BoA y trabajadores de la empresa Scan World, dedicada al “estibaje” de la carga. 

Además, el documento destacó la información compartida a través de la nota RS 148/2019 que emitió la Embajada de España y aseguró que estaba vinculada a “una organización internacional”. Ese año no se halló al “dueño” de la droga.

En septiembre de 2019, Carlos Romero, siendo ministro de Gobierno, presentó otro caso bajo los mismos parámetros: Un grupo de empleados burlan los controles de seguridad de Aduana, Felcn, Policía y Senasag, entre otros, para embarcar y despachar, la droga, vía aérea, rumbo a Europa. Entonces, presentó a 11 detenidos y, entre ellos, a un suboficial de Policía. Romero destacó, en este caso, la cooperación que brindó España para desarticular esta operación delictiva que pudo mover otros 50 kilos de cocaína hasta Europa.

Ayer por la noche, unos 40 miembros de la Felcn realizaron una inspección en Viru Viru en el contexto de la investigación del vuelo de BoA que llevó media tonelada de cocaína a España. La Fiscalía declaró este caso en reserva y antes el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, admitió la posibilidad de otras operaciones similares que aún no se han esclarecido. 

“Como este operativo se realizó en febrero de la gestión en curso, no tenemos la plena certeza de que hubiese sido el único envío de cargamento ilegal que se hubiese realizado y con la participación de terceras personas”, manifestó cuando presentó a los dos primeros detenidos por este bullado caso, entre ellos, Diego V.

Además de los uniformados de la Felcn, anoche participaron varios fiscales. Recolectaron documentación de las instituciones que están a cargo de los controles en el aeropuerto. El fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, aseguró que habrá más personas que serán aprehendidas.

“Es importante dar con el paradero de los dueños de esta droga. Se tiene que aprehender a una persona al tener un mínimo de participación”, afirmó Mariaca. El operativo de anoche se ejecutó 100 días después del hallazgo de la droga en el aeropuerto español.

“La citada intervención fue una de las mayores de los últimos años en el aeropuerto de Barajas. En el 2022 fueron intervenidos un total de 1.200 kilos de esta sustancia en el aeropuerto (cocaína), mientras que en el año actual las intervenciones durante los cuatro primeros meses igualan los registros del año pasado”, señala una parte del reporte que emitió el Ministerio de Hacienda de España sobre su participación en este operativo.

De hecho, fueron funcionarios de la Unidad ENS, perteneciente a la Subdirección General de Operaciones del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de España quienes ejecutaron la requisa en febrero. Esta unidad es independiente de la Guardia Civil y actúa según los requerimientos de los Comisión Europea.

“Tras la apertura de diligencias policiales y puesta en conocimiento de la Justicia de dicho hallazgo por presunto delito de contrabando y contra la salud pública, continúan las investigaciones para el esclarecimiento de los hechos y de los presuntos responsables”, se lee en la minuta que el gobierno español emitió 100 días después de la operación.

De hecho, la Fiscalía secuestró documentos de BoA que estaban en Viru Viru para establecer si había relación con la solicitud que hizo España sobre esta pesquisa.

El director de la Felcn, el coronel José Illanes, reveló que conoció de ese operativo en febrero. “De la mercadería no declarada se tomó conocimiento a finales de febrero, pero recién en marzo tomamos conocimiento de que se trataba de droga, de sustancias controladas”, dijo Illanes a la prensa. Aseguró que la información que recibieron no llegó por los conductos regulares, es decir, por Cancillería; sin embargo, a pesar de ello se acumularon algunos elementos e indicios y a partir de ahí intercambiaron información con sus pares en España.

La pasada semana, el viceministro de Defensa Social, Jaime Mamani, afirmó que la información que recibió “fue insuficiente” y que no estaba al tanto de la operación que ejecutó una unidad de élite del gobierno español. “Hoy estamos realizando la investigación. El delito es personal y se está verificando quiénes estaban inmersos en el trabajo de deliberación de carga”, dijo Illanes.

Señaló que, de acuerdo con las imágenes de vigilancia, se pudo verificar que el cargamento fue escoltado y trasladado a la zona estéril del aeropuerto Viru Viru, lugar donde se observa el ‘movimiento raro’ de dos personas.

Explicó que la Policía antidrogas revisa el sector de carga y luego esta es librada y trasladada. Hasta este punto —dijo— todo fue controlado y no había problema ni detección de droga, pero posterior a ello se sabe que fue violentado el precinto y cargada la droga.

“Producto del trabajo investigativo tenemos a dos personas detenidas, pero seguimos trabajando; en el transcurso de las próximas horas daremos más información”, puntualizó respecto a la pesquisa.

Del Castillo anunció el viernes que todo el personal la remoción de todos los policías de Viru Viru. Señaló, entonces, que España solicitó información de carga a BoA.

“Nosotros hemos verificado la carga en la bodega de la aerolínea que ha sido elegida por un courier para llevar esta carga y nosotros ya hemos entregado (a la Fiscalía) toda la documentación, señalando quién es el courier y qué nos ha informado en la declaración simplificada de mercancía”, manifestó la presidenta de la Aduana.

Agregó que, con seguridad, el Ministerio Público en su momento dará a conocer toda esa información entregada por la Aduana Nacional de Bolivia. “Cuando el Ministerio Público haga su informe, seguramente, va a dar todo el detalle; (nosotros) no queremos entorpecer (la investigación) dando el nombre de este courier que ha sido el que ha enviado y que está, con seguridad, investigado por el Ministerio Público”, señaló.

“Este es un tema que yo lo conocía en febrero de este año y lo mencioné en algunas entrevistas con medios de comunicación señalando que había un cargamento importante de cocaína que había sido incautado en España. Esa información la obtuve tanto de fuentes nacionales, en este caso policiales, como de fuentes externas. 

Obviamente cuando cae este cargamento en España lo que hacen es iniciar una investigación y seguramente hay un conjunto de informes reservados para evitar que la investigación sea dañada o adulterada, pero se notifica a las autoridades del país de origen. En este caso, se debió notificar al Ministerio de Gobierno para que la investigación se haga de manera conjunta”, cuestionó el exministro Romero al diario EL DEBER.

“El enorme cargamento de cocaína transportado en BoA muestra la penetración del narcotráfico en los gobiernos masistas, y la complicidad institucional y política”, publicó luego el expresidente Carlos Mesa en redes sociales.
En ese marco, el también líder de Comunidad Ciudadana también sugirió que se intervengan las entidades involucradas en este caso y sus antecedentes de 2019.