Una sala constitucional de Beni definirá la continuidad de las elecciones judiciales
El vocal Tahuichi advierte que, si se suspenden las judiciales, habrá una pérdida económica de más de Bs 55 millones, además recuerda que rige el principio de preclusión que establece la Ley 026
Una sala constitucional del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de Beni, definirá este martes, 15 de octubre, si continúa o no el proceso de las elecciones judiciales, tras que un aspirante beniano que fue inhabilitado por la Asamblea Legislativa, presentara un Amparo Constitucional contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, informó a EL DEBER que el Tribunal Supremo Electoral fue notificado con este recurso judicial que pone en riesgo el proceso electoral para cambiar a los consejeros y magistrados del Órgano Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
“Existe un enorme riesgo de que se paralicen las elecciones judiciales, producto de un Amparo Constitucional que nos han interpuesto en horas pasadas”, dijo Tahuichi.
La audiencia que determinará la continuidad o no de las elecciones judiciales será este martes 15 desde las 10:00.
Este es el primer recurso con el que fueron oficialmente notificados los vocales del TSE, después que a mediados de agosto el ente electoral presentó el calendario electoral y empezó con todas las actividades previas al día de las elecciones.
¿Y quién pide la paralización de todo el proceso electoral judicial que ya está en curso?, se trata del abogado Hugo Vargas Palenque, un postulante de Beni, que buscaba candidatear a magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en representación de ese departamento, pero fue inhabilitado por la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa, en la etapa del proceso de preselección.
“Este ciudadano busca ser incluido en la lista de candidatos al Órgano Judicial”, dijo Tahuichi, sin tomar en cuenta que esa fase ya concluyó y que ahora el TSE está cumpliendo las tareas del calendario electoral, en plena cuenta regresiva para el día de las elecciones que es el 1 de diciembre.
“Nos llama poderosamente la atención de que este amparo sea contra nosotros (el TSE), porque la lista de los candidatos ha sido trabajada, realizada y elaborada por el Órgano Legislativo, es decir, el ciudadano debería haber interpuso su amparo contra la instancia que elaboró la lista de candidaturas. Nosotros (el Órgano Electoral) somos simples receptores”, argumentó Tahuichi.
Principio de preclusión e inversión estatal
Además de lo mencionado, el vocal Tahuichi recordó que todo proceso electoral, según la Ley 026 de Régimen Electoral, está protegido por el principio de preclusión, que quiere decir que los actos eleccionarios que ya fueron cumplidos, no se pueden deshacer.
“Según nuestra normativa electoral, rige el principio de preclusión. Es decir, que las actividades dentro de un proceso electoral, no pueden ser retrotraídas hacia atrás”, subrayó Tahuichi,
Además de aquello, en el caso hipotético de que se paralicen las elecciones por este recurso judicial, el Estado perdería más de 55 millones de bolivianos, que son parte de los recursos que se destinaron para la realización de este proceso electoral.
“Tenemos un presupuesto total de 183 millones de bolivianos para esta elección judicial, de los cuales, hasta el momento estamos ejecutando recursos por aproximadamente 55 millones de bolivianos. En el caso hipotético de que se paralicen estas elecciones se estaría generando un daño económico al Estado”, explicó la autoridad electoral.
A 48 días de la jornada electoral que es el 1 de diciembre, el TSE cumple la actividad número 19 del calendario electoral con la “Recepción de reclamos de ciudadanas y ciudadanos inhabilitados y no habilitados en el Padrón Electoral en los Tribunales Electorales Departamentales y Direcciones Departamentales del Servicio de Registro Cívico”.
