Desde el presídium señalan que hay una “deuda pendiente” con el país y anticipan medidas para evitar que los mandatos se prorroguen sin justificación alguna

23 de mayo de 2022, 7:42 AM
23 de mayo de 2022, 7:42 AM

El Décimo Tercer Congreso Nacional de Universidades, postergado desde 2018, se reinstalará este lunes en Potosí con el objetivo central de renovar a todos los dirigentes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), confirmaron ayer desde el presídium. Además, evaluarán medidas para evitar el prorroguismo de sus autoridades.

Carlos Salinas, secretario ejecutivo de la Confederación Universitaria de Docentes (CUD) y parte del presídium del Congreso de Universidades, explicó a EL DEBER que ayer se verificaron los ambientes donde se realizará el congreso con la finalidad de garantizar las medidas de la seguridad para los representantes que asistan al evento.

El 9 de mayo se produjo una avalancha humana tras la detonación de una granada de gas lacrimógeno en una asamblea que debía elegir al Comité Electoral para la elección de los nuevos dirigentes de la Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Tomás Frías de Potosí. Ese día murieron aplastadas cuatro universitarias que intentaron escapar del atiborrado coliseo que fue afectado por el gas.

“Tenemos una cuenta pendiente como sistema universitario con el país y el Congreso es el escenario para que podamos debatir y discutir; repensar en estas distorsiones que se han dado en el cogobierno docente estudiantil. Estamos con esa cuenta pendiente que tenemos que ajustar para tratar de lavarle la cara a la Universidad”, afirmó Salinas.

Desde 2018, cuando se instaló el Congreso de Universidades, los representantes del sistema universitario estatal, que es autónomo en su gestión académica y de recursos, no pudo reunirse porque varias federaciones universitarias no habían renovado sus dirigentes. Esto frenó, en cadena, la reinstalación del congreso.

“Hay universidades que se han quedado sin dirigencia estudiantil”, reconoció Salinas. Entre ellas está la FUL de Potosí, cuyos dirigentes eran interinos. Pasó lo mismo en San Francisco Xavier de Chuquisaca, de la Universidad Autónoma del Beni. “Esas dirigencias estaban prorrogadas o ya han cesado en sus funciones y que no tienen la legitimidad. Entonces, los consejos universitarios no avalaron las delegaciones de los estudiantes”.

“Esto no perjudicará porque ya tenemos el 50% más uno de la participación y ya podemos reinstalar el Congreso. Todas las universidades están acreditando delegaciones y con eso se está asegurando la reinstalación del congreso”, anticipó Salinas, quien está a cargo de la acreditación de representantes. Incluso, dijo, se sabe de la participación de universitarios de base que participarán en el Congreso universitario.

Este congreso de las universidades cobró notoriedad pública, primero, por la tragedia de Potosí y, luego, por las denuncias planteadas contra Max Mendoza, un dirigente estudiantil de 54 años que en 2018 llegó a ser presidente de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), aunque fue parte de esa institución desde 2013.

Mendoza está vinculado al MAS y ahora es procesado en la justicia por apropiación ilegal de fondos públicos. Antes de ser detenido, anunció la postergación del Congreso de Potosí “por falta de seguridad”. El resto de los estamentos de la universidad rechazaron la postura del veterano dirigente y ratificaron el Congreso que debe sesionar hasta este 27 de mayo.

En tanto, dirigentes estudiantiles de las universidades de Tarija, Llallagua, Sucre, El Alto y La Paz, afectadas por supuestos actos de nepotismo de Mendoza, se trasladarán en caravana hasta Potosí.

“Pediremos la expulsión de Max Mendoza y que se haga un cuarto intermedio para unas elecciones de Congreso legítimas, con delegados legítimos y una representación real de cada FUL. Estamos cansados de que se use los recursos del Estado”, informó la dirigente de la UMSA, Kelly Apaza.

Incluso, solicitarán, mediante resolución, la ampliación de la demanda penal para investigar a los dirigentes “por dedazo” de Max Mendoza desde 2020. Aclararon que cualquier acción que se realice en Potosí será de manera pacífica para evitar convulsión.

El encuentro nacional está paralizado desde 2018 debido al fallecimiento del estudiante Jhonatan Quispe, de la Universidad Pública de El Alto (UPEA). En ese entonces, el congreso conformó excepcionalmente el presídium del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) con el único fin de organizar el congreso en 30 días. Pasaron cuatro años.

Por efecto de estas decisiones se destapó el “prorroguismo” de Mendoza en el cargo, sumado a ello el presunto uso indebido de bienes del Estado que se traducen en seis denuncias en su contra.

“Dentro de la universidad no existe un solo pensamiento político. Somos el crisol para ayudar a que existan muchos pensamientos económicos, políticos y sociales. Esperemos que los partidos políticos no estén en esa lógica”, señaló Salinas tras ser consultado sobre el eventual interés del MAS de mantener el control en el sistema universitario de Bolivia. “La universidad y la autonomía universitaria básicamente son uno de los pilares de la democracia boliviana y eso es lo que hay que respetar”, remarcó el dirigente.

Tras ser inaugurado, el Congreso trabajará en ocho comisiones.