En los pasillos del Palacio de Justicia de Santa Cruz, usuarios y litigantes del sistema judicial admitieron que enfrentan problemas por la falta infraestructura, así como por equipos informáticos “lentos” que demoran la gestión de sus trámites. Eso sí, hay dudas sobre que una mayor asignación de recursos, tal como reclama el Tribunal Supremo Electoral, garantice por sí sola una justicia más rápida y transparente.
De hecho, un sondeo realizado este martes por el equipo periodístico de ED-24, el canal streaming del grupo EL DEBER, reflejó respaldo, desconfianza y cansancio de los litigantes. Porque mientras algunos consideran legítimo el pedido económico del TSJ, otros reclaman que, antes de paralizar actividades, jueces y autoridades rindan cuentas por los procesos demorados, las denuncias de corrupción y la falta de atención.
“Realmente la Justicia está muy precaria y se requieren muchos recursos económicos para prestar una mejor atención”, afirmó uno de los consultados. Sin embargo, rechazó que la respuesta sea un paro porque abogados, litigantes y ciudadanos necesitan que los tribunales sigan funcionando.
Otra usuaria relató que espera desde hace más de un año la entrega de documentos. “Soy de la tercera edad y venga, venga y venga, y no hay nada”, reclamó. Para ella, el problema no se limita al presupuesto, sino también al desempeño de los funcionarios encargados de resolver los trámites.
La crítica más severa surgió de una litigante que aseguró que la Justicia favorece a quienes tienen dinero. “La Justicia está vendida, no hay justicia; es para el que tiene plata”, expresó. Otro ciudadano planteó que, además de asignar recursos, se debe fiscalizar a los juzgados, revisar las causas abandonadas y exigir que los jueces cumplan su trabajo.
De todas maneras, las opiniones coinciden en las mejoras del sistema, pero una paralización “escalonada” de los jueces trasladaría nuevamente el costo de la disputa a los ciudadanos.
Un plazo de 20 días
El lunes, el presidente del TSJ, Rómer Saucedo, otorgó 20 días al Gobierno y a la Asamblea Legislativa para responder a las demandas del Órgano Judicial. Si no existen avances, anunció un paro escalonado que comenzaría con 24 horas y podría ampliarse progresivamente.
Saucedo sostiene que la Justicia recibe 0,35% del Presupuesto General del Estado, una asignación insuficiente para modernizar sistemas, mejorar infraestructura, contratar personal y reducir la retardación.
“No se pueden hacer reformas con buenas intenciones. La reforma se hace con recursos”, afirmó la autoridad, quien además pidió que el presidente Rodrigo Paz y su gabinete se trasladen a Sucre para sostener una reunión directa con las autoridades judiciales.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, calificó de “inaudita y reprochable” la amenaza de paro y este martes, Saucedo respondió: “A los magistrados nos sobra lo que a su Gobierno le falta” y anticipó un escenario de diálogo con el presidente Rodrigo Paz.
Respaldos
El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, se alineó este martes con la demanda del TSJ. Afirmó que no es posible transformar el sistema judicial con la actual asignación y consideró “bastante aceptable” el pedido de mayores recursos.
“Es imposible que menos del 0,35% del Presupuesto General sea para la Justicia. Así es imposible atender las demandas”, sostuvo.
Según Velasco, el presupuesto debe permitir la digitalización de procesos, la mejora de la infraestructura y la contratación de personal para ofrecer una atención oportuna.
Transformación conflictiva
Desde Paraguay, durante la Cumbre del Mercosur, el presidente Rodrigo Paz anticipó que la reforma judicial generará nuevos “coletazos”, después de los 53 días de protestas y bloqueos que atravesó el país entre mayo y junio.
“Ahora verán de aquí a poco tiempo coletazos con el sistema judicial boliviano porque hay que transformarlo”, afirmó.
La declaración sugiere que el Gobierno no observa la controversia únicamente como una negociación presupuestaria, sino como parte de una transición política e institucional más amplia.