Mañana se realizará la audiencia para el cumplimiento del traslado de Uncía a la ciudad capital

20 de enero de 2022, 21:20 PM
20 de enero de 2022, 21:20 PM

El traslado del dirigente potosino, Marco Pumari, desde la carceleta de Uncía hasta el penal de Cantumarca fue trabado de manera deliberada por la dirección de Régimen Penitenciario, denunció el abogado Jorge Valda, quien dijo que realizaron una pesquisa con el Comité Cívico Potosinista (Comcipo) al interior del penal potosino.


“Hemos recabado información con el Comité Cívico que demuestra que el personal de Régimen Penitenciario fue a Cantumarca para manipular a los internos y obligarles a firmar un acta de disconformidad con el traslado de Marco (Pumari) al penal, eso lógicamente no solo es un evidente fraude procesal, sino es una tortura policial”, declaró el abogado defensor de Pumari.


El 21 de diciembre de 2021, el vocal Anibal Miranda, presidente de la Sala Penal Tercera de Potosí, dispuso el traslado de Pumari al penal de Cantumarca a 225 kilómetros de donde se encuentra; desde esa fecha hasta el 11 de enero se conoció de una carta que habría mandado el propio Pumari para permanecer en Uncía ante el peligro que corría su vida. El ex líder cívico está detenido desde el 10 de diciembre acusado de la quema del tribunal electoral de ese departamento.


“El pedido que hizo Marco (Pumari) es, ‘protejan mi vida, no me lleven a un lugar donde ustedes están organizando un motín, voy a llegar y mi vida estará en peligro’ les dijo porque ya fue de conocimiento suyo que Régimen Penitenciario había ido a buscar a los delegados para generar esta falsa información”, relató Valda.


Frente a todas esas irregularidades el abogado defensor informó que mañana se realizará una audiencia virtual en la que se exigirá el cumplimiento de la instrucción judicial del 21 de diciembre del pasado año y al mismo tiempo se presentará la denuncia contra los que fueron a instigar a los internos de Cantumarca en contra del ex líder cívico.


Marco Pumari está acusado de cinco delitos: allanamiento, robo agravado, deterioro de bienes del Estado, daño calificado y obstrucción como delito electoral. La denuncia por este caso fue presentada en octubre de 2020 por un vocal del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Potosí, aunque nunca fue notificado con ese caso.