Velasco, el cuarto jefe antidrogas acusado por vínculos con el ‘narco’

El Ministerio Público emitió ayer la imputación formal y pidió la detención preventiva del exdirector Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn), Whilmher José María Velasco, el cuatro exjefe de la fuerza antidroga investigado por presunto favorecimiento al narcotráfico.

Velasco y Franco Jaime Arancibia, exdirector Nacional de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) fueron imputados por los presuntos delitos de uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes e incumplimiento de deberes.

Desde la gestión de Evo Morales, los exjefes de la FELCC, René Sanabria, Óscar Nina y Maximiliano Dávila fueron vinculados con esta actividad ilícita.

El 5 de abril, el expresidente Evo Morales disparó en contra del Gobierno sin aviso previo. En una conferencia de prensa presentó registros de audio y denunció que el 25 de marzo hubo una orden a las fuerzas antidrogas de abortar la destrucción de un megalaboratorio de droga en Valle Sacta, trópico de Cochabamba.

El excomandante de Umopar en Chimoré, Yerko Terán, denunció que él lideró la incursión hasta el lugar donde se encontraba el magalaboratorio que tenía cuatro fábricas de cocaína. Pero dijo que Velasco y Arancibia le ordenaron abortar la misión.

El exjefe policial, relató que al regresar a Chimoré, los dos ahora imputados lo llamaron a una reunión en la que, dijo, también se encontraba el viceministro de Defensa social y sustancias controladas, Jaime Mamani Espíndola, quienes lo relevaron del puesto.

Poco tiempo después, el 20 de abril, el caso fue declarado en reserva. Ahora, las dos exautoridades policiales implicadas fueron imputadas, no el viceministro.

El operativo abortado generó la destitución de Velasco, y luego el Ministro de Gobierno ordenó la intervención de la FELCN, y que todos sus empleados sean sometidos al polígrafo.

El 12 de mayo, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo informó a la comisión de Gobierno de Diputados: "Ya hemos comenzado la reestructuración de la FELCN, desde la intervención del inspector de la Policía Boliviana, la toma del polígrafo y verificación de los antecedentes de los miembros de la FELCN. Hemos evidenciado que efectivos policiales realizan funciones de incluso 12 años, van a ser removidos”, informó el ministro.

La fiscal departamental de Cochabamba, Nuria Gonzáles informó ayer que “la Comisión de Fiscales presentó la imputación formal luego de realizar todas las investigaciones correspondientes, como el análisis del audio que fue difundido de manera pública por el expresidente Evo Morales".

La fiscal aseveró que estos elementos de convicción hacen presumir la participación de los sindicados y ahora se espera el señalamiento de audiencia de medidas cautelares y solicitó la detención preventiva para los dos implicados porque considera que existen los riesgos procesales de peligro de fuga y obstaculización.

Semanas antes, el 28 de abril, el ministro de Gobierno manifestó que en el caso se habían encontrado contradicciones entre las grabaciones sobre presunta protección al narcotráfico y las declaraciones testificales, sin embargo, dejó el caso en manos del Ministerio Público.

El 17 de mayo, la fiscal Gonzáles, informó que al menos 40 personas habían sido citadas a ceclarar por este tema. “Hasta este momento se recibió declaraciones y se sigue recibiendo (testimonios) de personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) y elementos destacados del cuartel de la Unidad Móvil de Patrullaje (Umopar) Chimoré”, dijo.

Señaló que un capitán de la Policía fue imputado por incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la CPE y está con detención domiciliaria. El excomandante Yerko Terán, quien dio detalles del caso el 12 de abril, también era indagado, como los dos dos exjefes policiales que fueron imputados este lunes. El exmandatario Morales cuestionó en varias ocasiones que no hayan detenidos o aprehendidos luego de la difusión de audios que hizo. En todas ellas, los dardos fueron dirigidos a los encargados de la lucha antidroga en el país, pero principalmente al ministro de Gobierno, quien pese a su demanda, sigue en el cargo.