Ven excesos en requisas y la Policía dice que caso Marset ‘tomará tiempo’

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset fugó hace 20 días y la Policía admitió que este caso es “complejo” y que va a demandar un tiempo mayor resolverlo, especialmente, por los vínculos que el extranjero tejió durante su estadía en Santa Cruz y las facilidades que tuvo para tramitar identidades falsificadas en entidades públicas.

Hasta el momento se ejecutaron cerca de 70 allanamientos a inmuebles privados de Santa Cruz de la Sierra y propiedades en zonas rurales del departamento. Hubo el respaldo del Ministerio Público, aunque los jueces penalistas observaron excesos en esos procedimientos. Hicieron notar esas fallas a través de varios canales, pero sin publicar los detalles para no perjudicar el avance de esta “compleja” investigación.

“Hemos iniciado las investigaciones hace dos semanas; es un proceso largo que nos va tomar tiempo”, afirmó ayer el comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, en contacto con la prensa.

El jefe policial detalló que los operativos y allanamientos continuaron ayer, aunque no tuvieron la intensidad ni la visibilidad de las semanas anteriores. “Tenemos documentación que ha sido secuestrada y está siendo analizada para establecer vínculos, relaciones, para establecer el tema de lavado de dinero y dar con toda aquella persona que en algún momento haya tenido vínculos con el ciudadano uruguayo y la organización, va ser citada para que explique esas circunstancias”, afirmó la autoridad de la Policía.

Marset logró escapar el 29 de julio tras evadir una operación policial que estaba en marcha. Entonces, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó que hubo una escaramuza en la que un agente de la Policía fue golpeado por el personal de seguridad del narcotraficante. Sucedió en la casona donde el narcotraficante se había instalado con su familia y donde se encontraron 19 fusiles automáticos. Las pesquisas posteriores revelaron que fueron tres los uniformados agredidos.

“Los jueces deben tomar decisiones objetivas, basadas en la ley, sin importar la posición social o política de las partes. Debemos trabajar juntos para garantizar la seguridad ciudadana con una Policía que actúe bajo el debido proceso para combatir la delincuencia”, exhortó la Asociación de Magistrados y Jueces en un comunicado divulgado ayer.

Ya el miércoles la jueza Patricia Murillo, a nombre de los magistrados de Santa Cruz, expresó su preocupación por la forma en la que estaban ejecutándose los allanamientos y recordó que este procedimiento debe ser autorizado únicamente por los magistrados, siendo está una “potestad privativa” de la autoridad jurisdiccional. Argumentó que esta prerrogativa garantiza un estado de derecho.

“Queremos solicitar públicamente el respeto a la independencia del juez y el respeto a ley. Como ciudadanos, debemos entender que los jueces son garantes de los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la inviolabilidad del domicilio y del debido proceso; además, sólo los jueces tienen la facultad exclusiva de emitir órdenes de allanamiento, por lo tanto, es esencial que se respete su independencia y que se les permita ejercer su función sin ningún tipo de presión o amenazas”, se lee en el documento.

Por su lado, el juez Romel Saucedo manifestó que están pidiendo “un verdadero respeto a la independencia judicial” porque los jueces “son los contralores del orden constitucional. Pidió recordar que Estado ya fue sancionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) “por las actuaciones en allanamientos de uno de los casos más sonados de la historia como es el del policía Blas Valencia”. En este caso se desarrollaron violentas requisas en inmuebles en La Paz y otros distritos del país, pero las investigaciones establecieron vulneraciones a los derechos ciudadanos.

Valencia fue condenado a 30 años de prisión por liderar la banda que perpetró el asalto armado a una remesa de valores en 2002.

“Hay personas que han sido involucradas de buena fe, hay otras que conocen de forma fehaciente la actividad criminal del sujeto. En base a ello vamos a ir discriminando (los elementos) bajo la dirección funcional del Ministerio público para encaminar el proceso investigativo”, expresó Holguín sobre la pesquisa del caso Marset. 

El comandante pidió disculpas y se excusó de no dar mayores datos sobre los resultados porque el trabajo se ejecuta en coordinación con el Gobierno y existe una voz autorizada para dar los informes referentes a los avances.

De hecho, el ministro Del Castillo fue quien protagonizó conferencias de prensa diarias para dar detalles de las operaciones policiales en el caso Marset. En los últimos días no emitió informes.

“Continuamos con los allanamientos, citando a personas, incluso el miércoles se hizo aprehensiones, estamos tomando declaraciones, recabando documentación y haciendo análisis de lo que involucra a esta organización criminal”, dijo por su lado el comandante de Santa Cruz.

Recordó que, hasta ayer los allanamientos ejecutados superan a los 70 y que en esas operaciones se han secuestrado 20 inmuebles, más de 70 vehículos, además de armas y otros elementos. 

A pesar de estos esfuerzos y las requisas, los agentes hasta ayer los agentes no dieron con el paradero del narcotraficante Marset sobre quien pesa una orden de captura internacional emitida por Interpol en mayo de 2022. La alerta se emitió tras el operativo Ultranza Py que se ejecutó en Paraguay con apoyo de la DEA de Estados Unidos y la Policía Europea (Europol). En esas acciones no estuvo la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia.