Ven que condena de exjefe antidrogas de México en EEUU ‘salpica’ a Bolivia

El exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna fue declarado culpable por un tribunal de Estados Unidos de proteger y trabajar con los cárteles de su país. El dictamen fue emitido el martes 21 de febrero. Para analistas y políticos bolivianos, este hecho tendrá consecuencias en el país porque esas organizaciones mexicanas operan en Bolivia y, presuntamente, también reciben protección.

Tres días de deliberaciones le bastaron a un jurado en EEUU para hallar culpable al exsecretario, que trabajó con el exmandatario Felipe Calderón (2006-2012), de unirse a los carteles que debió combatir como jefe de la guerra contra las drogas en México.

El veredicto unánime fue leído por una corte federal de Nueva York. El mexicano fue acusado de cometer cinco delitos por los que fue juzgado durante cuatro semanas, incluidos conspiración para el narcotráfico y delincuencia organizada. Ahora enfrenta una pena de entre 20 años de cárcel y cadena perpetua. La sentencia se anunciará el 27 de junio.

Los fiscales estadounidenses basaron su acusación en diversos testimonios de narcotraficantes y policías, que señalaron el veredicto como un acto de justicia.

“García Luna, quien una vez estuvo en la cúspide de la aplicación de la ley en México, ahora vivirá el resto de sus días como un traidor a su país y a los miembros honestos de los cuerpos de seguridad que arriesgaron sus vidas para desmantelar los carteles de la droga”, declaró el fiscal Breon Peace en Brooklyn.

Un especialista en el ámbito del análisis de la producción de coca y cocaína prefirió guardar su nombre en reserva por lo delicado de este tema, pero señaló que “si no tuviéramos al MAS en el Gobierno, probablemente habría consecuencias muy serias con relación a los narcos con esta captura reciente, pero como están las cosas, probablemente no haya ningún tipo de implicación, así de duro”.

Él cree que “el Gobierno encubre las actividades de los narcos, por eso es difícil que haya consecuencias sobre las acciones que toma EEUU y México en cuanto a los grandes narcotraficantes, pero esto traerá cola en el país, porque los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco están presentes en Bolivia. No lo comento abiertamente porque en este país al que denuncia lo meten preso, y no al denunciado”, dijo la fuente.

Quien sí lanza dardos abiertamente es Carlos Romero, exministro de Gobierno en la gestión de Evo Morales. “Creo que EEUU juzga los hechos ocurridos en la gestión de este señor en México. Considero que tiene implicación en Bolivia, no tanto por los hechos jurídicos, sino por geopolítica. Me ratifico, el narcotráfico opera en la medida en que un Estado se lo permite. Y Bolivia dejó de presionarlo en los últimos tres años, y no solo desde el nivel político, sino desde lo policial y judicial. Y hay hechos que demuestran que hubo protección, complicidad e impunidad”.

Explicó que hay clanes de narcos, emisarios de cárteles, facciones que disputan el control de rutas, que amplían sus operaciones en Bolivia. Hay bienes incautados que se usan para las actividades del narco, investigaciones que no avanzan, tráfico de influencias. “Por eso se han desplegado emisarios de organizaciones internacionales de narcos de México, Brasil, Perú, Paraguay, Colombia, y en algunos casos ampliaron y fortalecieron su presencia”.

Aunque en la cadena del narcotráfico, los colombianos son un eslabón que alimenta el liderazgo mexicano en el tráfico de drogas hacia EEUU, dice la exautoridad, Sudamérica se caracterizó por enviar droga a Europa y Asia a través de Brasil. “Pero ahora se usa a Bolivia para la ruta hacia el norte y por eso hay presencia mexicana, y una especie de supervisión de sus emisarios, que pueden ser colombianos o brasileños en esta actividad”.

Este castigo a un exfuncionario mexicano, “indefectiblemente tiene una irradiación en términos de emulación, de lo que debería hacerse en otros países, porque es un delito transnacional, pero eso no está ocurriendo en Bolivia”, dijo Romero.

Identificó que los cárteles de Sinaloa y Jalisco “en el país, pero a través de emisarios colombianos”.

Gustavo Pedraza, especialista en resolución de conflictos, aseguró que “los contextos políticos son distintos. En Bolivia hay una ausencia de la DEA estadounidense. El MAS la expulsó y desde entonces el país es un agujero negro en cuanto a la lucha contra las drogas porque no hay una articulación internacional”.

Subrayó que “el Gobierno dice que lucha contra el narcotráfico, pero las evidencias señalan que no es así. Yo creo que hay que escuchar al exministro Carlos Romero, quien hizo afirmaciones categóricas y sostiene que este es un Gobierno que protege al narco. Lo dice un hombre que ocupó varios ministerios durante el Gobierno de Evo Morales. Es una fuente confiable”, manifestó y complementó que “el narcotráfico tiene mucha relación política y lamentablemente mucho poder, agravado con esa protección gubernamental, citando a Romero”.

Coincide con los otros entrevistados que Bolivia, en este momento, no muestra acciones concretas y radicales en la lucha antidrogas.

El poder implicado

Se hace cada vez más recurrente la presencia de autoridades latinoamericanas implicadas en narcotráfico.

Otro caso emblemático es el del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, quien será juzgado en abril de 2023 en Estados Unidos por narcotráfico.

El exmandatario fue detenido en febrero de 2022 y extraditado a EEUU un mes después. La acusación señala que Hernández estuvo relacionado con el capo mexicano de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, como con el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez, quien habría financiado su campaña presidencial de 2013 a cambio de protección para evitar una posible extradición.

La anterior semana su hermano y exdiputado Tonny Hernández solicitó a un tribunal de apelaciones de EEUU que se revierta su condena a cadena perpetua por este delito. En su caso, fue detenido en Miami el mes de noviembre de 2018 y su defensa arguye que no estuvo en compañía de su abogado en el momento de su declaración y manifestó su intención de colaborar con la justicia.

Fue condenado a cadena perpetua, y se le exige la devolución de $us 138,5 millones, la cantidad que las autoridades creen que reunió en 15 años en los que habría incursionado cerca de 185 mil kilos de cocaína a EEUU.

Bolivia tiene tres casos concretos. Un comunicado emitido el 2 de febrero de 2022 por el Departamento de Estado de EEUU ofrecía “una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que conduzca a la condena en una corte en Estados Unidos de Maximiliano Dávila Pérez, exdirector de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (FELCN). Durante su período de funciones se cree que usó su posición para proteger aeronaves utilizadas para transportar cocaína a través de terceros países para su distribución en EEUU”.

Dávila no fue entregado por el Gobierno boliviano, se mantiene recluido en la cárcel de San Pedro.

Otros casos fueron los del excomandante policial Oscar Nina, y del exmandamás antidroga René Sanabria, implicados por colaborar a los narcotraficantes.

Todos ellos trabajaron en la gestión de Evo Morales. Al respecto, Carlos Romero respondió que “el ministerio de Gobierno, que estaba a mi cargo, tomó acciones y se convirtió en parte querellante, cuando detectó delitos de narcotráfico que implicaban a autoridades jurisdiccionales, policías o funcionarios públicos”.

Y volvió a la carga contra la gestión de Luis Arce. “Ahora ya no hay nada de eso. Es un delito que afecta a la salud pública, pero por otro afecta a la seguridad, porque desencadena una espiral ascendente de criminalidad, y de debilitamiento de la institucionalidad y normativa estatal. Por eso es que en el caso mexicano se ha procesado a esta persona que precisamente estaba a cargo de la seguridad pública”.

Por ello, “nosotros podemos acreditar que perseguimos y castigamos a autoridades involucradas en este delito. Pero en este último tiempo eso no sucedió. Los narcoaudios, las contraórdenes en la intervención de incautación de precursores, de eventos sociales de narcos. Nada se esclareció”.

De forma sorpresiva, el diputado del ala arcista del MAS, Rolando Cuéllar, cuando se le pidió una respuesta a las aseveraciones realizadas por Romero, declinó emitir declaración alguna y cortó la llamada telefónica. En otros momentos, denunció de narcotraficante a Romero y de lo msimo a la administración de Evo Morales.