Bolivia, hasta hace dos días, fue asfixiada por un conflicto de 53 días que incluyó el bloqueo de sus principales carreteras y ahora está en curso una serie de acciones judiciales en contra de los responsables de la extrema medida de presión.
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes, afirmó este miércoles que el Ministerio Público “tiene que recibir todas las demandas de los damnificados” o afectados.
“Y en mi criterio se tiene que hacer la anotación preventiva de quiénes han instigado, de quiénes han hecho este daño tan fuerte al país”, agregó la autoridad gubernamental.
El pasado 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana (COB), presidida por Mario Argollo, declaró paro general indefinido y los campesinos de La Paz, liderados por Vicente Salazar, comenzaron a bloquear las carreteras desde el 6 de mayo.
A las protestas también se sumaron las organizaciones que, de manera constante, defienden al expresidente Evo Morales.
Los manifestantes, que inicialmente pedían atención a diversas demandas sectoriales, pasaron a exigir solo la renuncia del presidente Rodrigo Paz sin aceptar ningún llamado al diálogo.
Aunque el expresidente Morales, después de no lograr la derrota del Gobierno, aseguró que en el Trópico de Cochabamba “nunca” plantearon la renuncia del Presidente.
Los bloqueos, principalmente en el bastión de Morales, persistieron incluso hasta el lunes 22 de junio después de haber provocado muertes, desabastecimientos, cierre de emprendimientos y una mayor crisis económica del país.
Entonces, Evo Morales fue uno de los “principales investigadores y seguramente se van a abrir algunos procesos (en su contra) y su equipo”, señaló Paredes.