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"Sabemos que hay gran parte de (esa) población vinculada al narcotráfico, entonces; esos intereses están siendo tocados y la gente está demasiado nerviosa", así se refirió este viernes el viceministro de Régimen Interior, Javier Issa, luego de que dos equipos de prensa (Unitel y EL DEBER) fueran agredidos y retenidos por pobladores en la población de entre Ríos cuando realizaban una cobertura periodística  en ese lugar.

La situación es "complicada", añadió a tiempo de señalar que se ha preparado un plan para tener una mayor presencia policial y militar en la zona para evitar excesos como el ocurrido el jueves en el trópico cochabambino. Identificó también agresiones a "personal de Yacimientos y a camiones que circulan por la zona".

"Ya hay una denuncia en el Ministerio Público; el Gobierno va a ser parte de estas investigaciones, estamos en la obligación de precautelar la seguridad de todos los habitantes del país y nos vamos a querellar en contra de las personas que hayan agredido tanto a funcionarios de Yacimientos como a periodistas", dijo Issa en entrevista con la red Uno.

El ministro de Obras Públicas, Iván Arias, también expresó su preocupación y exhortó a esa parte de la población a deponer actitudes hostiles y valorar el esfuerzo que hacen grupos como los periodistas y también el personal médico con quienes se debería tener gratitud por la labor que realizan en beneficio de la ciudadanía. 

Pronunciamiento

La Asociación de Periodistas de Santa Cruz rechazó el intento de “linchamiento, secuestro y robo de cámaras” que sufrieron periodistas de la Red Unitel y el grupo multimedia EL DEBER, ocurrido en la localidad de Entre Ríos, Cochabamba.

“Se trata de un concurso de delitos que van desde el atentado contra la vida y la integridad personal, además de la obstrucción a la libertad de trabajo y obstaculización a la labor de la prensa”, dijo el presidente de esa organización, Roberto Méndez.

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