Vicente Cuéllar advierte al presidente de Diputados que si posterga el debate del PGE en la Cámara estará incumpliendo deberes

El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, advierte al titular de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, que si no propicia el debate legislativo sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) podría caer en la figura de incumplimiento de funciones y ser sujeto a un proceso penal. Cuéllar instó a Yujra a convocar las sesiones necesarias para tramitar el PGE.

Además, en la misma comunicación, el líder de Cambio 25 y aspirante a la presidencia del país solicita que se retiren las disposiciones transitorias que implican modificación de las leyes vigentes. Considera este proceder como "arbitrario e inconstitucional".

El Gobierno ha elaborado unos presupuestos para el 2025 que prevén una inversión pública de  $us 4.024 millones y un expansión de la economía del 3,51%. Economistas y analistas han alertado sobre el incremento del gasto público en partidas como sueldos y salarios que se incrementan en Bs 51.895 millones. Además, actores de la oposición han denunciado una modificación de las normas vigentes a través de las disposiciones transitorias que acompañan al PGE.

La carta se caracteriza por mantener un tono jurídico fuerte, con menciones constantes a artículos de la Constitución Política del Estado y a leyes. Recuerda al presidente de Diputados que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional validar el PGE "dentro del término de sesenta días".  Las normas disponen que de no alcanzar su aprobación "el proyecto se dará por aprobado" al concluir el plazo establecido.

Cuéllar exige el inicio del trámite legislativo "antes que se inicie el receso de fin de año". En caso de no hacerlo, advierte, "los parlamentarios se encuentran en un flagrante incumplimiento de deberes", lo cual podría derivar en un proceso penal posterior.

Al igual que lo remarcaron diversos actores de oposición, el comunicado remitido a Omar Yujra demanda la "exclusión de las normas que modifican leyes especiales y ordinarias en las disposiciones adicionales, transitorias y finales", que se establecen en el proyecto de ley del PGE 2025.

El rector observa que algunas de las normas modificadas se refieren a "leyes ordinarias ajenas al presupuesto anual". En caso de no permitir el debate parlamentario y validar el PGE por cumplirse los plazos establecidos, "las leyes ordinarias y especiales también se darían por aprobadas". Para Cuéllar, esta situación resulta "carente de técnica jurídica", es decir, estaría al margen de los procesos jurídicos ordinarios.

De forma explícita, la carta pide que "se excluyan de las disposiciones adicionales, transitorias y finales los artículos de leyes ajenas al presupuesto anual que se aprueba". De manera explícita hace alusión a la institucionalización del Banco Central de Bolivia "por cuanto no puede seguir funcionando al margen de la Constitución y de su ley Orgánica N° 1670".

También se alude, en el punto 3 de la carta, a la disposición adicional séptima "que propone una modificación para proteger la seguridad alimentaria". Según se recoge en el texto, el Gobierno contaría con la facultad de "controlar, fiscalizar, confiscar o decomisar producto y alimentos que sean almacenados, retenidos o presuntamente utilizados para incrementar los precios de forma arbitraria".

Diversos sectores, así como las cámaras agropecuarias, industriales y exportadoras rechazaron esta intención por considerar una norma arbitraria que amenaza al sector productivo en general. Del mismo modo, Vicente Cuéllar, alerta que se trata de "una norma inconstitucional porque constituye una violación flagrante al derecho de propiedad y al principio de seguridad jurídica"

Además, el rector se refiere, casi al final de la carta, a la importancia de resolver problemas que afectan tanto al sistema productivo como a la población. Alude tanto al "abastecimiento de combustibles, gasolina y diésel, en cantidades suficientes y oportunas para los sectores productivos, productores de alimentos, de transporte y servicios" como a la "liberación de exportaciones de todos los productos alimenticios producidos por el sector productivos".

Menciona también la importancia de resguardar la seguridad jurídica para la producción de alimentos y la defensa de las tierras productivas de los avasallamientos. En este último caso pide que sean "considerador como delito de terrorismo" las tomas de tierras productivas destinadas a alimentos. 

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