La Vicepresidencia del Estado mediante un comunicado acusó Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, de "usurpar competencias" exclusivas del Banco Central de Bolivia (BCB) con la emisión de la Resolución Ministerial 245 y señaló que la Ley 1670 reserva únicamente al ente emisor la atribución de establecer y administrar el régimen cambiario. Además, advirtió que la flexibilización del tipo de cambio, sin respaldo fiscal ni suficientes reservas internacionales, puede derivar en inflación, devaluación e incertidumbre.
“En términos jurídicos. Usted Ministro ha usurpado competencias (…). Tampoco corresponde que un ministro ‘ordene’ al BCB ejecutar una transición cambiaría, como si el Banco Central fuera una ventanilla más del Órgano Ejecutivo (…).Ministro Espinoza deje que sea el BCB, en el marco de la Ley 1670, quien define técnicamente el esquema cambiario, con informes públicos y plazos claros”, se lee en el documento.
La Resolución Ministerial N° 255 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas estableció un régimen cambiario flexible, dejando atrás el esquema fijo vigente desde 2011. La disposición determina que el tipo de cambio oficial sea calculado con base en la oferta y demanda diaria de divisas en el sistema financiero.
A criterio de la Vicepresidencia, el país carece de condiciones macroeconómicas que permitan sostener la estabilidad del régimen cambiario debido a la reducción de las reservas internacionales, la escasez estructural de dólares y la dependencia de las importaciones de combustibles, medicamentos, maquinaria, fertilizantes y alimentos.
El pronunciamiento institucional advierte que la pérdida del poder adquisitivo será una de las primeras consecuencias del nuevo esquema, debido a que los salarios y las pensiones no evolucionan al mismo ritmo que los precios. Asimismo, señala que las empresas enfrentarán mayores costos de producción, menor inversión y riesgos para el empleo.
"Sin disciplina fiscal, sin más dólares genuinos y sin confianza, el tipo de cambio flexible deja de ser estabilizador y se vuelve un acelerador de inflación e incertidumbre", se lee en otra parte del documento.
Para respaldar su posición, cita las experiencias de Zimbabue, Argentina en 2018, Rusia en 1998 y Turquía entre 2021 y 2023, países que liberaron el tipo de cambio sin suficiente respaldo fiscal e institucional.
Asimismo, la vicepresidencia cuestiona que el Gobierno presente la medida como un "sinceramiento cambiario" sin explicar a la ciudadanía sus implicaciones y pide transparentar si esta decisión forma parte de un "proceso más amplio de reformas económicas y de conversaciones de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".
“Advertimos que esta medida no solo debe beneficiar a unos cuantos, como ha venido sucediendo, Recuerden que este es el segundo examen y el pueblo no aguantará experimentos ni un nuevo aplazamiento”, se lee en la parte final del comunicado.