Por lo general son los menores de edad que quedaron huérfanos porque su madre fue asesinada por su padre o pareja. Según activistas, no hay un solo caso de reparación de daños. Los gastos deberían correr por el Estado boliviano

26 de febrero de 2023, 4:32 AM
26 de febrero de 2023, 4:32 AM



Lalito tenía diez años cuando vio
la escena más trágica de su vida. Era marzo de 2017 y su padre delante de él le asestó 17 puñaladas a su madre. La mató y también mató a Lalito para intentar silenciar su delito. No pudo. El criminal ahora está preso, pero dejó un daño difícil de reparar en el resto de su familia. Tres menores de edad están huérfanos y sin ningún tipo de apoyo. Lo mismo sucede con otras historias que se apagan por los crímenes de los feminicidas. 

Bolivia es uno de los países con más índices de feminicidios. En los primeros 57 días de este 2023 ya se registraron 16 feminicidios. 

Son sueños y metas que se apagaron por la violencia que sufrían las mujeres durante el último tiempo de sus vidas. Sus verdugos son aquellos que decían amarlas, pero fue, al contrario: las mataron.

Los familiares de las víctimas de feminicidios peregrinan por justicia todos los días. Algunos se cansan y solo dejan que sus hijas, hermanas o sobrinas asesinadas descansen en paz. Esa paz que  no consiguen -sobre todo- los huérfanos que quedan de estos crímenes y que es la población más afectada por los asesinatos debido a las secuelas emocionales y el grado de vulnerabilidad y desprotección en la que quedan.

Las historias son muchas y vienen de hace años o también de hace pocos días. Lalito ahora descansa con su mamá porque su padre decidió matarlos.

 Ahora hay tres menores de edad que están huérfanos. El agresor fue sentenciado a 30 años de prisión.

Incluso el juez otorgó una sentencia de reparación material, pero para concretar ese “beneficio” la familia debía iniciar una demanda al Estado, pero la burocracia, la falta de recursos y el riesgo de una nueva revictimización y desgaste emocional para los huérfanos desanimaron a iniciar esa acción.

“En nuestro caso, que es feminicidio e infanticidio, está el resarcimiento de daños materiales. El juez ha dictado que dentro de la sentencia tendríamos que demandar al Estado boliviano para que haya un resarcimiento material y que se ponga el nombre de mi sobrino en una plaza o calle, pero hasta el momento solo tenemos la sentencia, no hay la ejecutoriada que es otro proceso desgastante”, afirmó Michelle Shaw, representante de familias de víctimas de feminicidio en Bolivia y que también es tía de Lalito.


Datos alarmantes
Según datos del Observatorio para la Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, solo en el primer mes del año hubo siete niños y niñas que quedaron huérfanos porque sus padres decidieron matar a sus madres. Esos menores de edad ahora están prácticamente abandonados y solo tienen el apoyo moral y económico de lo que queda de su familia. 

Shaw lanzó un dato alarmante. En Bolivia -reveló- no se conoce casos en el que se haya ejecutado las indemnizaciones para las familias de víctimas de feminicidios que van desde la reparación integral y económica. 

“Las reparaciones son integral y económica, está última contempla cuál ha sido el tipo de afectación que ha dejado la muerte de la mujer y cuánto es el daño al proyecto de vida. En el caso de mi hermana era joven y ha dejado tres niños en la orfandad y una con discapacidad. El Gobierno debe asumir y aplicar la reparación sobre todo por los hijos que quedan afectados, pero nadie realiza nada. No hay reparación en el país”, lamentó Shaw.

Uno de los últimos casos de feminicidio sucedió durante los días de Carnaval. Fue en la ciudad de El Alto y como en la mayoría de estas tragedias el consumo de alcohol está en medio. El supuesto feminicida de Bertha, que solo tenía 21 años, la mató con una apuñalada en el pecho. El sospechoso, que ahora está detenido, quitó responsabilidad en el hecho y dijo que Bertha se autolesionó. 

Este hecho trágico sucedió el martes de challa en El Alto. La pareja asistió a un festejo y luego mantuvieron una discusión. Bertha decidió irse de la fiesta y se retiró a su domicilio. Poco después llegó su pareja y se dio modos para ingresar a la vivienda. Fue ahí donde volvieron a discutir y donde se encontró sin vida a la joven. 

A partir de esta tragedia ahora surge una nueva. Hay dos niños huérfanos. Uno de tres años y otro de cinco. Ambos son cuidados por la hermana de Bertha, pero ella admitió que será difícil para los menores de edad conocer que su madre falleció porque su padre decidió acabar con su vida. Además, la familia es de escasos recursos económicos.

La reparación de daños para víctimas de feminicidios tiene como objetivo principal que las niñas y niños, así como sus abuelas y abuelos, que en muchos casos se convierten en sus padres, reconstruyan el proyecto de vida que les fue coartado por el feminicidio.

En esa línea el Estado está obligado a reparar el daño integralmente a las víctimas indirectas del feminicidio por no prevenir los asesinatos y no atender a las mujeres en riesgo ni sancionar a los agresores, según activistas. 

Una de ella, Shaw, afirmó que es necesario crear un programa para resarcir los derechos de la orfandad por feminicidio, sobre todo la atención psicológica y la garantía de otros derechos como a la salud y la educación. 

En el Ministerio de Justicia no hay datos de reparación de daños para víctimas de feminicidios. En la Defensoría del Pueblo hace seguimiento de los casos, pero en ninguno hubo una reparación de parte del Estado. 

“La Defensoría del Pueblo hará seguimiento a estos casos hasta que se determine una sanción a los agresores, e investigará la efectividad y seriedad del accionar de las autoridades llamadas por ley, instancias que en su debido momento no habrían garantizado la protección a la integridad y vida de las víctimas, establecidas en el procedimiento penal de la Ley 1173, Ley de Abreviación Procesal Penal y el sistema de garantías de protección establecidas en la Ley 348”, comunicó la Defensoría del Pueblo la pasada gestión sobre los casos de feminicidio en el país. 

A finales del año pasado, los casos de feminicidio en Bolivia se redujeron en un 19% en comparación con la gestión 2021. El año 2021 cerró con 108 feminicidios, de los cuales en 83 casos los agresores pudieron ser identificados. 

El departamento con mayor incidencia de casos fue La Paz, registrando 43 feminicidios; muy alejada, pero en segundo lugar quedó Santa Cruz, con 17; Cochabamba registró 15; Oruro, 10;  Potosí, 10, Chuquisaca, seis, Beni, tres; Tarija, tres; y Pando, un caso. Sobre el tema, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, recalcó que durante la gestión 2022, de los 95 feminicidios registrados, se logró resolver 84, lo que representa un 94% de casos resueltos, además de una reducción de este delito del 15%.