Víctimas de violencia en 2019 activarán denuncia internacional contra el Estado si incumple con informe del GIEI

El representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, David Inca, advirtió que las víctimas de las masacres de 2019 recurrirán a organismos internacionales para activar una demanda por omisión contra el Estado si no se cumplen con las 36 recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

El activista señaló que existen acuerdos firmados con el Gobierno, luego que protagonizaran marchas en octubre de 2021. Son al menos cinco actas que no se cumplieron de fechas 5 de noviembre, 6 de diciembre, 7 de enero y 28 enero de este año.

Todos estos documentos no habrían sido cumplidos por el Gobierno. Sin embargo, existe el compromiso desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para viabilizar la ejecución de las actas y recomendaciones.

“Ya agotamos todas las instancias; no podríamos hacer movilizaciones internas porque está todo en documentos. Nos queda pedir al Gobierno que honre lo que firmó y tenemos que exigir a la CIDH y al Alto Comisionado. De por medio está la fe del Estado y si el Estado no cumple, nosotros tenemos un mecanismo que es la denuncia internacional de violación a los derechos humanos por omisión. Es lo podemos hacer como víctimas contra el Estado”, dijo a El DEBER el activista alteño que acompaña a un grupo de víctimas de Senkata y Huayllani, de octubre y noviembre de 2019.

A través de un acuerdo firmado entre el Gobierno y la CIDH, se prevé un despliegue por dos años del organismo internacional para acompañar el cumplimiento de las recomendaciones del informe del GIEI y a su vez se preste apoyo a las asociaciones de los familiares de fallecidos, detenidos, heridos y torturados.

Para las víctimas este tiempo de seguimiento puede reducirse con voluntad política del MAS para agilizar la Ley de Reparación Integral, que actualmente está a cargo de la diputada Betty Yañíquez.

Al momento existen tres comisiones que trabajan en las recomendaciones. La primera, a cargo de la parlamentaria oficialista. La segunda a la cabeza del Ministro de Justicia, Iván Lima, quien se ocupa de elaborar la política nacional de reparación integral. La tercera comisión está integrada por el Alto Comisionado de la Naciones Unidas que impulsa los procesos y las recomendaciones.

Otros datos

Según Inca, el informe de la CIDH del 10 de diciembre no fue cumplido en su totalidad, solo se acató una recomendación que fue la creación del GIEI. De las 36 recomendaciones trabajadas por el grupo de expertos, solo se cumplieron con dos.

En marzo, las víctimas de las masacres de Senkata, Huayllani, Pedregal y Betanzos alzaron la voz en contra del Gobierno y acusaron a las autoridades nacionales de impulsar un “juicio político” contra Jeanine Añez y militares que no favorece a las investigaciones para determinar quiénes detuvieron, hirieron, torturaron y mataron a civiles en noviembre de 2019.

Incluso, denunciaron el uso político de la imagen y nombres de los afectados en las actividades políticas del Gobierno.

Al respecto, el senador del MAS Rubén Gutiérrez explicó que el juicio por el caso Golpe de Estado II tiene una relación de causa y efecto. Por lo tanto, las masacres serían consecuencia de la presunta autoproclamación. Señaló que no pueden interpretarse de manera aislada.