Vigilancia aérea carece de capacidad para interceptar aeronaves sospechosas

La operabilidad y funcionamiento de los 13 radares, destinados a combatir el tráfico de drogas por vía aérea, está al 95% y desde hace un año no reporta avances en su ejecución, según una comparación de las declaraciones de dos altas autoridades del Gobierno. El portal de investigación y análisis del crimen organizado InSight Crime considera que la falta de cooperación institucional y de legislación adecuada “puede haber puesto en peligro” el uso de esta tecnología costosa.

“Tras el descubrimiento de un avión que transportaba media tonelada de drogas desde Bolivia antes de ser encontrado en España, (Edmundo) Novillo dijo a principios de junio que los planes para poner en funcionamiento el resto de los radares estaban completos en un 95%. Pero otro alto funcionario hizo exactamente la misma evaluación en enero de 2022”, señala el reporte del medio de comunicación InSight Crime.

El 5 de junio, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, indicó que la preparación de los radares para detectar irregularidades similares al narcovuelo, tiene un avance del 95%. Según la autoridad, actualmente se define el reglamento para los patrullajes aéreos. El avance de la legislación está al 90%.

Sin embargo, en enero de 2022, el viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas apuntó sobre el funcionamiento de los 13 radares que “están operables en un 95%”, de acuerdo a una nota publicada por este medio.

En 2015, Bolivia adquirió 13 radares de tecnología francesa por el valor de $us 225 millones. Estos equipos fueron instalados en 12 regiones del país. Cuatro radares son de defensa aérea, un radar primario de vigilancia, dos radares de aproximación y seis radares civiles secundarios.

El sistema está distribuido con seis radares de uso civil y siete de empleo militar. Son estos radares los que se utilizarán para la lucha antidroga, pero por ahora está pendiente la legislación y los convenios interministeriales.

Legislación y protocolos

La falta de cooperación institucional, de aeronaves y personal capacitado, de modificación de protocolos y de leyes insinúa problemas institucionales que limitan a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico, según el análisis de InSight Crime.

Para el experto en seguridad Samuel Montaño, las regulaciones a la Ley 512 de abril de 2014 pueden resolverse en 30 días. Por lo que considera que los problemas legislativos son “simplemente una excusa” para la demora en la entrega de los equipos.

“A la fecha, si bien se realiza la identificación de aeronaves en el espacio aéreo boliviano a través del sistema integrado que se encuentra en funcionamiento, pero aún no se realizan interceptaciones de aeronaves sospechosas de actividades ilícitas. Esta acción debe responder a un proceso normado en el marco de la Ley 521, mismo que se encuentra en la fase final de elaboración y revisión”, respondió Novillo a la pregunta seis del cuestionario de la petición de informe oral sobre radares ante la Asamblea Legislativa.

Para el portal internacional, como los radares se han retrasado, el problema de los “narcoaviones” del país “se ha disparado”.

“Si bien Bolivia incautó 95 aviones pequeños relacionados con el narcotráfico en 2022, superando con creces el récord anual anterior de incautaciones, de ellos 66 fueron confiscados durante una sola redada en marzo en el aeródromo La Cruceña, mientras que otros aviones fueron descubiertos abandonados. Otros salieron del país sin ser detectados por los radares, como los que luego se descubrieron en Paraguay y Argentina”, dice el reporte.

Legisladores opositores y oficialistas cuestionan la lucha antidroga por la falta de captura de “peces gordos” y una supuesta protección a este ilícito. El caso narcovuelo levantó más dudas sobre la labor del Gobierno.