19 de agosto de 2021, 4:00 AM
19 de agosto de 2021, 4:00 AM

Las dos caravanas de autobuses que se transportaban estudiantes y mineros a La Paz fueron atacadas por seguidores del MAS el 9 de noviembre de 2019, cuando Evo Morales aún se mantenía en el poder. El caso fue cerrado por la Fiscalía, pese a que debía continuar de oficio dada la gravedad de los hechos. Marlon Weichert (Brasil) y Magdalena Correa (Colombia), prestaron el informe del GIEI Sucre.

Detallaron que se identificaron ataques con arma de fuego que fueron planificados. “Este ataque fue realizado por personas que también recibieron el apoyo del poder público”, afirmó Weichert tras remarcar que lo sucedido con ambas caravanas se constituyen en “graves violaciones de derechos humanos”. “Esos hechos podría haberse transformado en una masacre, por suerte no fue una masacre”, sostuvo el especialista. 

El Fiscal General, Juan Lanchipa, indicó que en reunión con el GIEI mencionó “algunos puntos que no se tomaron en cuenta en el informe” que identificó serias debilidades en las investigaciones. Atribuyó esa falta de solvencia a la pandemia, puesto que el Órgano Judicial dispuso la paralización de las funciones. 

Señaló que muchas víctimas sufrían presión por parte del Ministerio de Gobierno para dar información. Tras la renuncia de Evo, la Fiscalía ordenó la detención de los vocales electorales. El GIEI observó serios errores en ese caso

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