La situación jurídica del líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) podría cambiar en las próximas horas si el vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Chuquisaca falla revocando la decisión de la jueza Ximena Mendizábal, después que otros vocales ordenaran que los videos que supuestamente involucran al imputado en la comisión de delitos sean incluidos como prueba en la resolución de medidas cautelares.

Este jueves, los vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), Iván Sandoval y René Conde, resolvieron que los videos ofrecidos por la Fiscalía como prueba en la audiencia cautelar en contra Yassir Molina, deben ser reproducidos en la audiencia de apelación.

Los dos vocales resolvieron una apelación incidental planteada por el Ministerio Público y la Alcaldía de Sucre que observaron la decisión de la jueza Mendizábal por haber excluido la prueba sin fundamento legal.

“Hemos declarado infundada la exclusión probatoria dispuesta por la jueza (Mendizábal) dando lugar a que estas pruebas, los videos, deben ser remitidos para su reproducción ante el vocal de la Sala Penal Segunda que tiene a su cargo el conocimiento de la medida cautelar”, aseguró Sandoval.

Las autoridades consideran que la jueza incurrió en una falta de fundamentación legal en su resolución al excluir la prueba de los videos en la audiencia de medidas cautelares de carácter personal, en la que no corresponde dilucidar la exclusión probatoria; solamente puede considerarse en el desarrollo del juicio, así lo establece una sentencia constitucional de 2018.

La jueza Mendizábal emitió dos resoluciones, una de la exclusión probatoria que este jueves fue resuelta por los vocales de la Sala Penal Primera, y otra contra la decisión de otorgar la libertad irrestricta para Molina, como medida cautelar; esta última apelación será conocida por uno de los vocales de la Sala Penal Segunda.

Si el vocal de la Sala Penal Segunda revoca la resolución de la jueza que ordenó la libertad irrestricta de Molina podría imponerle una medida cautelar gravosa, como detención preventiva o detención domiciliaria.

De los dos vocales de la Sala Penal Segunda, el Ministerio Público recusó a José Manuel Gutiérrez arguyendo que su esposa está designada como fiscal en la comisión de apelación, obligándole a apartarse del proceso y dejar que su colega resuelva este polémico caso.

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