El presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, presentó el desistimiento a la apelación que el área legal presentó contra la sentencia de absolución que se dictó anteriormente en favor de los comunarios y dirigentes de la reserva natural Tariquía, en Tarija.
Los procesados lucharon por años contra los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, para impedir el daño ambiental a la reserva natural, generado por los trabajos de exploración del “Domo Oso X3”, iniciado sin cumplir con la consulta previa a los pueblos indígenas.
La determinación cuenta con el respaldo del Procurador General del Estado, Hugo León, quien acompañó a Daroca en la presentación del memorial ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija. La misma tiene el fin de promover el diálogo con los dirigentes indígenas y vecinos de ese territorio.
“YPFB presentó el desistimiento expreso y voluntario del Recurso de Apelación Restringida, dentro del proceso penal seguido contra comunarios del municipio de Entre Ríos, en Tarija, ratificando la Sentencia N° 18/2026 que los absolvió. Con esta decisión, la empresa estatal busca generar las condiciones necesarias para construir una solución concertada que permita avanzar en el desarrollo del proyecto Tariquía”, señala un comunicado de la petrolera.
Asimismo, se informó que YPFB promoverá la suscripción de un “acuerdo transaccional extraprocesal”, para poner fin a la controversia por la vía legal.
“Estamos desistiendo de la apelación no por debilidad, sino por la convicción de que el camino correcto es el diálogo y la construcción de acuerdos para bien de las comunidades, del departamento y del país. Queremos preservar nuestros recursos naturales y avanzar de manera conjunta”, manifestó Daroca.
La autoridad informó que YPFB gestionará mesas de trabajo técnico que permitan construir acuerdos y atender las diferentes preocupaciones relacionadas con su desarrollo.
Este proyecto “Domo Oso X3”, enfrentó dificultades para su ejecución debido, entre otros factores, al proceso judicial iniciado en el Gobierno de Luis Arce y al conflicto social generado en torno a las actividades de exploración, que no contaban con la aprobación de las comunidades originarias.
Recordemos que este caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual remarcó que YPFB vulneraba los derechos de los dirigentes y protectores de Tariquía.